La jueza que no quería imputar a Cacharro, expresidente de la Diputación de Lugo, le atribuye ahora tres delitos
08 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La operación Muralla es más que un culebrón. Ahora tiene nuevo capítulo tras siete años de historia. La jueza instructora, que desde un primer momento rechazaba imputar a Francisco Cacharro, presidente de la Diputación de Lugo durante más de veinte años y hasta el 2007, acabó no por atribuirle un delito, sino tres. Antes de que haya juicio, y ahora sí empieza a vislumbrarse el final, aún queda por lo menos otro episodio: lo que decida la Fiscalía. Parece que será en breve y todo apunta a que no habrá sorpresas.
La operación fue montada para desarticular una telaraña tejida en torno a adjudicaciones de redacción de proyectos de obra por parte de la Diputación lucense. Cacharro, en vez de encargarlos al equipo de funcionarios de Vías y Obras, supuestamente se los daba a una empresa privada. Alegaba que el servicio provincial estaba saturado y que resultaba más económico externalizar ese trabajo.
Sin embargo, al ex fiscal jefe Jesús Izaguirre esa técnica le pareció irregular. Por eso entró en el palacio provincial y se llevó documentación. Entre esos papeles aparecieron datos que revelaban que quienes estaban detrás de la empresa que recibía los contratos eran, supuestamente, el jefe del servicio y otros presuntos testaferros.
En este nuevo capítulo, la jueza cierra la instrucción e imputa a Cacharro los delitos de negociación prohibida, prevaricación y fraude. En marzo, la Fiscalía le pidió su imputación, pero ella consideró que no había argumentos suficientes y la rechazó. En junio, la Audiencia le dijo que lo llamara a declarar como imputado y, ahora, le atribuye los tres delitos. Además, acusa a otras dos personas.