El expresidente de la Diputación de Lugo se expone a 10 de inhabilitación
21 sep 2013 . Actualizado a las 12:48 h.La Fiscalía lucense, al igual que la jueza que instruyó el caso, también imputa a Francisco Cacharro (PP), expresidente de la Diputación Provincial de Lugo, en la operación Muralla. Tres años de prisión y diez de inhabilitación es la pena que solicita la acusación pública para el hombre que ocupó el sillón presidencial del palacio de San Marcos durante 24 años. Además del ex regidor provincial, el ministerio público también atribuye participación delictiva al que fue jefe del departamento de Vías y Obras, José Manuel Romay López, y a un empleado de una empresa de ingeniería. A Cacharro le atribuyen los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y fraude a la Administración. Los dos primeros delitos, según recoge el Código Penal, son los que conllevan penas de inhabilitación. En concreto, el primero de ellos establece entre siete y diez; y el segundo, entre uno y cuatro. La petición de los tres años de prisión corresponde al tercero, fraude a la Administración.
La trama puesta al descubierto en el organismo provincial de Lugo consistía en que, por orden del presidente, buena parte de los trabajos de elaboración de proyectos de obras para la institución fueron encargados al estudio Senén Prieto Ingeniería S.?L., de Lugo. La Diputación tenía un departamento propio para hacer estas tareas, pero estaba saturado. Esa fue la razón argumentada para externalizar trabajos. Sin embargo, entre la documentación existente en el macroproceso figuran el ofrecimiento de varios funcionarios del departamento para asumir la realización de los proyectos en vez de desviarlos al exterior. Esa solicitud fue desestimada.
Empresa investigada
Senén Prieto Fernández fue un ingeniero de la Diputación, actualmente fallecido, que en el año 1983, según las investigaciones, constituyó la entidad mercantil anteriormente citada. La creó con otro de los imputados, Romay López, que era el ingeniero jefe del Servicio de Vías y Obras. En esa empresa trabajó el tercero de los involucrados penalmente, José Enrique Cacicedo Herrero.
En su momento, la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía determinó que en la empresa también estaba otro funcionario provincial que no figura entre los imputados. Incluso este equipo comprobó cómo los funcionarios, para evitar la ley de incompatibilidades, supuestamente colocaron a sus esposas, que en su día fueron detenidas pero que no son objeto de ninguna imputación.
Los especialistas de la policía comprobaron que los creadores del estudio buscaron tres testaferros. Uno de ellos sería, presuntamente, José Enrique Cacicedo. Las ofertas que presentaban ante la Diputación para hacer proyectos y asistencia técnica de obras eran supuestamente controladas por José Manuel Romay. Además, los investigadores aseguran que las ofertas económicas que cada uno presentaba para concursar en el procedimiento negociado eran elaboradas para todos por la empresa Senén Prieto Ingeniería. Una vez adjudicadas, en un alto porcentaje a José Enrique Cacicedo Herrero, supuestamente se repartía el dinero con la empresa.