Imputados siete concejales de Santiago por acordar pagarle el abogado a otro
GALICIA
El edil de Deportes pidió en mayo que el Concello asumiese su defensa en la Pokémon
15 oct 2013 . Actualizado a las 16:25 h.La Pokémon ha vuelto a golpear al gobierno compostelano. Y no porque la jueza Pilar de Lara haya abierto desde Lugo nuevas diligencias, pero sí por el coletazo que ha dejado la decisión de uno de los imputados en aquella operación, el concejal de Deportes, Adrián Varela, de solicitar en su día el pago de su defensa al Ayuntamiento. Aunque posteriormente el edil renunció a ello, el caso es que el gobierno municipal sí llegó a dar el visto bueno a esa petición. Y esa decisión es la que ha llevado al Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago a imputar por prevaricación a siete de los nueve integrantes de la junta de gobierno, los que participaron en la reunión del 30 de mayo pasado.
Se trata de Amelia González, Cecilia Sierra, María Pardo, Luis García Bello, Juan de la Fuente, María Castelao y Francisco Noya. El alcalde, Ángel Currás, y su primera teniente, Reyes Leis, ambos miembros de ese mismo órgano, se han librado al no participar en la sesión de aquel día.
Denuncia de un particular
La decisión judicial llegó ayer al grupo de gobierno después de que la Fiscalía diese trámite a la denuncia de un particular contra aquel acuerdo. Los siete afectados han sido llamados a declarar el 19 de diciembre, según la propia portavoz del gobierno local, María Pardo, quien dio cuenta ayer de la comunicación de un auto que eleva a diez el número de miembros del gobierno con alguna imputación.
Solo tres se mantienen al margen de las diligencias previas abiertas ya sea por la jueza Pilar de Lara desde Lugo a raíz de la operación Pokémon-Manga; por el Juzgado de Instrucción número 2, que dirige el juez Vázquez Taín y que lleva el tema de las supuestas facturas falsas por las que está imputado Juan de la Fuente, o por el de Instrucción número 1, el que con Ana López-Suevos a la cabeza ha dictado este último auto. Precisamente, esta jueza archivaba hace unos días la denuncia contra el alcalde por prevaricación y acoso moral por parte de un policía local, aunque mantiene la que afecta al exedil de Seguridade Cidadá, Albino Vázquez, quien dimitió por su imputación y detención en la operación Manga.
Pardo, que mantiene que el acuerdo para sufragar la defensa de Adrián Varela se ha ajustado a derecho, entiende que «hay una persecución política clara» contra el gobierno del PP. Defiende que esa decisión se adoptó con el informe favorable del director de la asesoría jurídica municipal y secretario del Concello, así como del vicesecretario -que no cuestionó el informe del primero en la junta de gobierno- y que además hay «jurisprudencia sobrada» y «se ajusta a derecho» siempre que ese pago se condicione a su absolución, como afirma que se ha hecho en este caso. De haber condena, dice, el afectado tendría que devolver los importes que pudiese haber percibido, pero en este caso no se llegó a librar ningún pago y el edil renunció en julio a que el Ayuntamiento asumiese su defensa.
La Fiscalía basó la tramitación de esta denuncia en la concesión previa de ese «derecho», reconoce Pardo, quien refiere no solo que esa es una práctica que ya se hizo en este Concello con otro gobierno, así como en otros municipios. «Lo que sería una prevaricación es no adoptar ese acuerdo» si se ajusta a derecho, dice. La portavoz del gobierno llamó la atención sobre la asunción por vía penal de circunstancias que deberían verse en la administrativa o social, como entiende que es esta. Y concluye que «puede parecer un abuso de la vía judicial penal para influir en la vida política». La edila no solo tiene claro que hay una persecución contra el gobierno local, sino que no dejó de manifestar que le «sorprende mucho que hace una semana se cierre un caso» por vía penal contra el alcalde que «debería» ir por vía social y se abra otro que «debería ser administrativo» y se haga por vía penal. Y apunta que ambos casos proceden del mismo juzgado.
El BNG pide elecciones
En una valoración «personal», la portavoz del gobierno local plantea que la mala imagen de la ciudad que la oposición denuncia ante tanta imputación «a lo mejor no la está dando el Concello, sino otros órdenes jurisdiccionales». Los ciudadanos «son listos» y se «ve claramente cómo se juega la política desde todos los frentes», afirma Pardo al tiempo que indica que esta nueva situación «refuerza al gobierno» y que aunque «a mí me den ganas de irme a mi casa, no lo voy a hacer por responsabilidad y compromiso con los ciudadanos y porque me gusta lo que estoy haciendo, y creo que lo estamos haciendo bien».
La oposición reaccionó ayer a esta imputación colectiva pidiendo responsabilidades de nuevo. El BNG exigió la dimisión de todo el gobierno y que se convoquen elecciones anticipadas. Emplaza a Feijoo a iniciar los trámites para disolver la corporación y posibilitar esa opción. El socialista Francisco Reyes no ve oportuna esa salida. Sería un golpe terrible para la ciudad, afirma, pese a calificar de «lamentable» la situación de Compostela.