La acusación va contra quien aparentó ser el representante de los artistas
26 mar 2014 . Actualizado a las 14:04 h.Entre abril y mayo del 2012, una conocida discoteca pontevedresa anunció la presencia de Pablo Alborán, quien teóricamente daría dos conciertos en días consecutivos, y de Mario Casas. Todo era una burda estafa de la que habrían sido víctimas los responsables de la sala de fiestas. Así, al menos, lo entiende la Fiscalía de Pontevedra, organismo que ya ha presentado cargos contra quien aparentó «tener la representación artística del actor y del cantante».
Su intención es solicitar para Javier V.?A. una pena de dos años de prisión y el reintegro de los 7.508 euros que, supuestamente, la discoteca adelantó al imputado y de 522,74 euros por los perjuicios «acreditados» por la cancelación de las actuaciones.
Según sostiene el ministerio público, el 21 de febrero del 2012, el acusado firmó con la empresa titular de la sala de fiestas pontevedresa una contrato privado para que Pablo Alborán actuase los días 18 y 19 de mayo previo pago de 1.800 euros. La casualidad hizo que esos mismos días, el cantante de Te he echado de menos tuviese sendos conciertos en el Pazo da Cultura de Pontevedra y en el coruñés Palacio de la Ópera, ambas citas con las entradas agotadas.
En el caso del actor coruñés, el escrito de acusación relata que Javier V.?A., presumiblemente, comprometió su presencia a través de un contrato privado para el 7 de abril por un precio de cinco mil euros. A tales cantidades habría que añadir que el imputado «también dijo que se encargaría de confeccionar los carteles para los eventos, recibiendo por este concepto la cantidad de 708 euros».
En este caso, fue la hermana de Mario Casas la que dio la voz de alarma a través de las redes sociales: «¡Correr la voz para que a nadie le engañen! ¡Es mentira que Mario Casas va a una discoteca en Pontevedra el 7 de abril!». Al mismo tiempo, anunciaba que «vamos a tomar medidas legales».
Tras casi dos años de instrucción judicial, el fiscal del caso ha llegado a la conclusión de que ha existido un delito continuado de estafa. Incide, en este sentido, en que el encausado «carecía de la representación de Pablo Alborán y de Mario Casas, motivo por el que sabía perfectamente que no podía cumplir los contratos que firmaba».
En este punto, precisa que, para lograr su objetivo, se aprovechó de que, con anterioridad, había firmado contratos con la gestora de la discoteca pontevedresa, una circunstancia que le permitió generar «confianza» en que cumpliría los compromisos.