Cacharro dice que el fiscal que lo acusa por la operación Muralla se basa en conjeturas
GALICIA
El expresidente de la Diputación de Lugo apunta que las irregularidades son administrativas, sin relevancia penal
28 mar 2014 . Actualizado a las 09:12 h.La acusación formulada por el fiscal contra Francisco Cacharro, el expresidente de la Diputación Provincial de Lugo, está basada «en conjeturas y especulaciones, sin la más mínima base probatoria». Así lo expone la letrada que defiende al que 23 años fue responsable del organismo provincial lucense y que se enfrenta a una petición de tres años de prisión y 20 años de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Administración, en el marco de la operación Muralla. Destaca que las irregularidades detectadas en expedientes son meramente administrativas «y penalmente irrelevantes»
En primer lugar, Cacharro considera que la operación Muralla está prescrita al haber pasado más de diez años desde que se cometieron las supuestas infracciones, toda vez que los contratos de redacción de proyectos que presuntamente fueron dados a una empresa amiga, a través de uno de los imputados, fueron con anterioridad a junio de 2003. «Si bien se hace constar que se seguía el mismo proceder después del año 2003, no existe acreditación alguna al respecto. Ningún expediente fue adjudicado por Francisco Cacharro sino por los vicepresidentes», expresa el escrito de disconformidad con la acusación presentado ante la Audiencia de Lugo por la letrada del expresidente.
Añade que no hay intervención del que era presidente ni en la adjudicación ni en las invitaciones a los técnicos interesados en los concursos. «No puede imputársele ninguna irregularidad que, por otra parte, no existe», añade.
Cacharro, por medio de su abogada, niega tener conocimiento de las posibles relaciones que pudieran tener los imputados y la empresa Senén Prieto Ingeniería, S. L, que era la que conseguía los contratos. «Las funciones de Francisco Cacharro como presidente no incluían las de investigar a los adjudicatarios de los concursos en cuanto a sus relaciones laborales o personales, sino a exigir que se cumplieran los plazos y condiciones de entrega de los proyectos», dice su defensa.
Además de negar tener constancia de posibles subcontrataciones de las adjudicaciones logradas por uno de los imputados, el ingeniero José Enrique Cacicedo, la letrada añade que en las actuaciones no se desprende que la concesión de contratos a este constituyese ningún tipo de «artificio ilegal» para consumar una adjudicación encubierta a Senén Prieto, S.?L. Señala también que, en cualquier caso, la legislación de contratos administrativos admite la posibilidad de subcontratación con terceros de diversas prestaciones.
Cacharro, por medio de su letrada, advierte que en todos los casos se trataba de contratos cuyo importe no superaba los 12.000 euros, «lo que, conforme a la legislación de contratos entonces aplicable, permitía adjudicarlos de modo directo».