No tiene un segundo de respiro el alcalde de Ourense. La actualidad municipal va de sobresalto en sobresalto en las últimas semanas. Su agenda política se modifica a golpe de imputaciones judiciales, denuncias en la Fiscalía o incidentes con la oposición. Camino de la Semana Santa, Agustín Fernández ya vive su particular viacrucis, acorralado por las denuncias de la oposición municipal, que ya le han valido dos imputaciones. La primera de ellas fue por extensión, al ser imputado por una presunta prevaricación administrativa de la junta de gobierno del 2008 -en calidad de concejal de Hacienda-. El presunto delito que investiga el juez se basa en una denuncia del grupo minoritario de Democracia Ourensana por adjudicar sin concurso la reforma de una céntrica calle ourensana por unos 600.000 euros. En esa causa también están involucrados el exalcalde, Francisco Rodríguez, y varios de sus exsocios de gobierno del BNG, que era quienes tenían la responsabilidad sobre esa área de gobierno.
La segunda citación se conoció esta semana y está relacionada con una denuncia de dos sindicatos (USO y CIG) por las asistencias técnicas realizadas en el Concello de Ourense. Por este caso está también imputada la concejala de Urbanismo, Áurea Soto.
En plena tormenta judicial en el Concello de Ourense estalló el caso de las aceras de su vivienda. Una denuncia del PP en la Fiscalía por pagar el Plan E una actuación que, según los populares, correspondía a Agustín Fernández levantó la liebre. Consideran que cometió un delito de prevaricación al votar en junta de gobierno el arreglo de la calle pese a tener intereses personales. Días después se conocía un informe del interventor municipal en el que consideraba que debía abonar casi 28.000 euros. Fernández Gallego ya ha reiterado que solo pagará cuando se le reclame y que se reserva el derecho de recurrir en el juzgado. Entre ambos casos se produjo el incidente plenario en el que ordenó el desalojo policial de una edila por excederse en el tiempo establecido.