Cándido Conde-Pumpido: «Si se abre juicio oral contra un político, debería dejar el cargo»

Hablar de corrupción en Santiago es como mentar la soga en casa del ahorcado. Eso hizo ayer Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) en la compostelana Fundación Araguaney, en la que pronunció una conferencia sobre la lucha contra la corrupción desde el Tribunal Supremo, en el que es magistrado. Templado y comedido, el que fue fiscal general del Estado entre el 2004 y el 2011, advierte a la primera de cambio que no va a hablar sobre casos concretos ni que estén bajo investigación. Un montón de preguntas se quedarán en el tintero, pero las que sí puede responder tampoco dejan indiferente.

-El ministro Gallardón ha presentado una reforma de la Justicia que no gusta a nadie. ¿Qué opinión le merece?

-Creo que es una reforma excesivamente ambiciosa y escasamente meditada. La Justicia necesita estabilidad y hemos estado durante muchos años haciendo reformas en una dirección y tampoco podemos actuar como Penélope tejiendo y destejiendo todos los días.

-Cuando usted fue fiscal general del Estado creó las fiscalías de zona para acercar la Justicia al ciudadano. La reforma, y esa es una de las críticas que se le hace, va contra ese precepto.

-Efectivamente. En aquella época el proyecto era acercar la Justicia a los ciudadanos y se aprobó la creación de esas fiscalías de área en ciudades importantes. En Galicia, en Santiago, Vigo y Ferrol. Tenían la pretensión de completar el sistema judicial en cada una de las tres grandes ciudades gallegas que no eran capital de provincia de tal manera que la Justicia fuese más próxima y, al mismo tiempo, pues también engarzara mejor en las sociedades de unas ciudades que por su propia entidad tienen derecho y necesidad de tener una justicia propia. Volver atrás en este modelo es avanzar hacia la retaguardia.

-Haga un vaticinio. ¿Se llevará a cabo o no?

-Creo que es una propuesta bienintencionada, que hay que respetar, pero que requiere un debate muy importante y el tiempo que queda de legislatura no es suficiente para que una reforma de este calado pueda ser aprobada. Aparte, que además de este modelo territorial incluye modificaciones importantes. Por ejemplo, en el ámbito penal, incluye alguna norma como la del artículo 78.3, que va a hacer mucho más lenta la justicia penal contra los corruptos, cuando en realidad los ciudadanos lo que quieren es que sea más rápida. Introducir ahora un precepto que recupera normas del siglo XIX y que va a significar dos o tres años de retraso en los procesos de corrupción tampoco es muy conveniente.

-¿Es España corrupta?

-España es un país que lamentablemente tiene un grave problema de corrupción que debe preocuparnos a todos.

-Debe dimitir un político imputado por corrupción?

-La palabra imputación en nuestro sistema penal es un poco anfibológica. A veces, a una persona el juez sencillamente le llama a declarar como imputado para garantizar más sus derechos. Creo que hay un momento clave que es la apertura del juicio oral, en el que la persona no es sencillamente que haya sido llamada a declarar por razones procesales, sino que el juez ya aprecia una responsabilidad. Si se abre juicio oral contra un político, yo creo que debería dejar el cargo.

-Pues el próximo lunes siete concejales del PP de Santiago serán juzgados por prevaricación y siguen en sus cargos.

-Le digo que no me pronuncio sobre ningún asunto concreto...

-Imagine que hablamos de un caso que no es concreto.

-Mi posición es intermedia. Ni de máxima exigencia, que exija dimitir ante una imputación, porque hay siempre una presunción de inocencia, ni en la de que haya que llegar a sentarse en el banquillo manteniendo el cargo. Los magistrados no deben cesar en su cargo si son imputados, pero sí si se ha abierto juicio oral contra ellos. De la misma manera que eso se aplica a los magistrados, como ocurrió con Baltasar Garzón o Elpidio José Silva, creo que debería ser aplicado también con carácter general a los políticos.

-Pero esto no pasa ni por asomo.

-Los partidos políticos deberían de ser conscientes de que los ciudadanos no se encuentran satisfechos cuando ven a personas con responsabilidades penales que siguen ejerciendo una función pública.

-Sigamos sin hablar en concreto. Imagine una ciudad con un exalcalde condenado por fraude fiscal e imputado por corrupción y con diez de sus trece concejales del gobierno local imputados en diferentes causas. ¿Es sostenible?

-Siendo fiscal general del Estado, cuando Marbella se encontraba en una situación en la que los procedimientos estaban afectando al núcleo del poder municipal, se inició el caso Malaya y resultaron condenados el alcalde del momento, el exalcalde y un número tan grande de concejales que el Gobierno se vio obligado a nombrar una gestora. Una investigación a fondo en una ciudad en la que pueda haber corrupción tiene que tener un reflejo.

-Vamos, que hay un límite.

-Hay un límite, pero en cada ciudad el problema es diferente. No puedo decir cuál es la salida para cada caso.

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