Las consecuencias de la suspensión de la normativa urbanística de Viveiro en el 2006
06 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Cuando en el año 2006 la Xunta bipartita accede a la petición cursada por el entonces alcalde de Viveiro, Melchor Roel, y suspende la normativa urbanística vigente se abre una auténtica caja de Pandora. En primer lugar, el gobierno local de entonces, formado también por la coalición PSOE-BNG, crea una comisión especial en la que están presentes además de los representantes políticos, técnicos, internos y externos e incluso se da voz a los constructores cuyos proyectos quedan en el aire debido a la suspensión.
Una parte de aquellos expedientes urbanísticos adquirieron la licencia de obra por el procedimiento del silencio administrativo, y Roel explicó entonces y después, tras sus comparecencias en el Juzgado, que los informes emitidos determinaban que era de aplicación la antigua normativa, vigente desde 1986. Roel culpaba entonces al PP, y personalizaba en el que había sido alcalde hasta el 2003, César Aja, la «desfeita» urbanística de Viveiro, y echaba mano de las sentencias del Tribunal Supremo, y del Tribunal Superior de Galicia, en la que consideraba que las normas vigentes entonces eran «inaplicables, ineficaces e inviables».
Las denuncias del PP
En la primavera del 2007, el PP denuncia ante Política Territorial, y después en la Fiscalía, el contenido de los expedientes, argumentando que carecían de informes sectoriales, técnicos y jurídicos, y que incluso, cuando existían, eran negativos. Acusaban al gobierno de Roel de emplear «una argucia legal», la del silencio administrativo, para dar vía libre a unas licencias que permitirían ejecutar más de 600 viviendas. Unos y otros se acusan, se desmienten y califican la situación de «esperpéntica y kafkiana». La investigación judicial llega al 2012 con la imputación en exclusiva del entonces alcalde, Melchor Roel, y del que había sido su teniente de alcalde, el nacionalista Rodríguez Guerreiro, dejando fuera al resto de los siete concejales investigados del PSOE, BNG y EU. Un recurso posterior de la acusación que ejerce Aja culmina en el auto dictado ahora por el Juzgado número 2 de Viveiro, que amplía la imputación a la actual alcaldesa y su teniente de alcalde, y a tres de los ex ediles.