El juez exculpa a toda la junta de gobierno local por una adjudicación irregular en el 2008, salvo al concejal del BNG responsable de Infraestructuras
10 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El llamado caso Bedoya de Ourense -por la adjudicación en el año 2008 de la obras de mejora de la céntrica vía urbana que lleva ese nombre, siguiendo un procedimiento negociado y sin publicidad, en vez de haber hecho un concurso abierto- ha dejado de ser motivo de preocupación para el alcalde de Ourense, Agustín Fernández Gallego, y para su antecesor, el también socialista Francisco Rodríguez. El regidor -entonces concejal del área de economía y hacienda- pasó ante el juez, en calidad de imputado, al igual que lo hicieron todos los miembros de la junta de gobierno local que aquel octubre habían dado luz verde a aquel procedimiento pese a que el expediente carecía de informes.
Como único imputado político, con la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, seguirá el exconcejal Andrés García Mata, responsable nacionalista del área de Infraestructuras en aquel bipartito PSOE-BNG. Lo acompañarán el extitular de la asesoría jurídica municipal, Luis Tros, y los tres empresarios que en su momento fueron invitados a presentar ofertas.
Junto con el delito de prevaricación administrativa, el juez ya había dejado claro desde el momento de la citación que advertía indicios de concertación entre las empresas para la alteración de precio en concurso público. Las tres ofertas eran llamativamente parecidas, según la impresión que tiene el juez, habiéndose presentado en el registro el mismo día y con solos unos minutos de margen entre una y las otras dos.
En la relación de imputados en esta causa aparecían solo dos concejalas que siguen en activo: las tenientes de alcalde Marga Martín y Áurea Soto, ambas del PSOE.
Durante la instrucción de estas diligencias, los concejales y exconcejales declararon que en las juntas de gobierno se aprobaban los asuntos sin debate. Se fiaban de que los expedientes llegaban completos cuando se incluían en el orden del día de las sesiones.
Este caso fue denunciado por el grupo minoritario de Democracia Ourensana, que no tenía presencia en la anterior corporación, antes de que se cumpliera el período de prescripción. Es el primero por el que fue citado como imputado el alcalde de Ourense, Agustín Fernández Gallego, que no será candidato.
El último testimonio en relación con la forma en que se tramitó este expediente municipal lo prestó el interventor del Concello de Ourense, que confirmó la versión ofrecida por el exasesor jurídico, que también está imputado, en el sentido de que ambos habían advertido al concejal que no se podía encargar aquella obra por el procedimiento abreviado aunque se le diera carácter de urgencia para no perder una subvención de la Xunta. El funcionario aseguró que todo Ourense sabía que se trataba de unas obras ilegales.