Solo el Monte Aloia cuenta con un plan rector y la Xunta tramita el de las Fragas do Eume
08 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El 80 % de la superficie incluida en los seis parques naturales de Galicia es de propiedad privada, lo que obliga a la administración pública a conciliar los intereses de conservación del paisaje y biodiversidad con los que tienen los particulares. Ese es precisamente uno de los principales escollos que se ha encontrado el borrador del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) elaborado por la Xunta para las Fragas do Eume, en el que el 79 % de los terrenos está en manos de particulares. El documento, que se encuentra en exposición pública, no tiene en cuenta, según la opinión de los dueños, sus demandas y no contempla compensaciones. Medio millar de propietarios viven dentro de los terrenos afectados por la figura de protección medioambiental.
Las Fragas do Eume, ubicado en los municipios de Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes, no es el único parque natural de los seis que hay declarados en Galicia en el que Xunta y propietarios han de ir de la mano para la gestión de unos terrenos de gran valor ecológico. En el enclave de Baixo Limia-Serra do Xurés, en la provincia de Ourense, la administración pública solo es titular del 3 % de los terrenos. El 97 % restante, esto es 28.445 hectáreas, tienen su propietario.
Incluso, existe un parque natural, el de Serra da Enciña da Lastra, situado íntegramente en el municipio de Rubiá, también en Ourense, en el que el cien por cien de la superficie, de 3.151 hectáreas, es de propiedad privada. La situación inversa también se da en O Invernadeiro, el tercer enclave natural ourensano, donde la Administración es la única propietaria del parque.
En el Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, dentro del municipio de Ribeira, no solo hay propietarios de terrenos, sino que hay algunos que residen dentro del mismo. Sus viviendas ya estaban radicadas en el interior del enclave declarado como parque natural en 1992. En manos de la Xunta está el 63 % de la superficie afectada. El resto se la reparten particulares (17,6 %), montes vecinales (5,9 %) y los terrenos privados sometidos a servidumbre de dominio público marítimo terrestre (13,3 %).
En cuanto al Monte Aloia, íntegramente situado en el concello de Tui, cerca del 55 % de la superficie está fuera de la titularidad de la Xunta. Los particulares suman poco más de una hectárea, mientras las comunidades de montes tienen unas 408 hectáreas.
En total, los seis parques naturales suman más de 49.000 hectáreas, sin incluir los bienes de dominios públicos, como las carreteras, las vías de ferrocarril o los ríos. De este total, 39.654 hectáreas tienen su propio dueño, según informa la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Pese a que los parques llevan años blindados con esta figura de protección medioambiental, solo uno, el de Monte Aloia, en la provincia de Pontevedra, que fue convertido en espacio natural en 1978, cuenta actualmente con un plan rector. Este documento es una herramienta administrativa con la que la Xunta define los usos y gestión de estos enclaves.
En el caso de las Fragas do Eume, el plan rector acumula un retraso de 15 años, aunque a raíz del incendio forestal que dañó parte del parque en la Semana Santa del año 2012, los trámites se aceleraron.
Borrador
En el borrador elaborado por la Xunta se hace una zonificación de la superficie de 9.000 hectáreas que en 1997 quedó afectada por la declaración de parque natural y regula los usos y actividades de cada una de estas zonas para hacer compatible la conservación ambiental con otro tipo de aprovechamientos forestales, hídricos o turísticos. Sin embargo, los propietarios de los terrenos de las Fragas han pedido a la Xunta que paralice el proceso administrativo porque consideran que no establece compensaciones y que no tiene en cuenta sus opiniones. Los propietarios prevén enviar una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, expresando su malestar, y tampoco descartan hacer lo mismo con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy o con la Unión Europea.
En Corrubedo, el plan rector sigue sin elaborarse, tras años de espera. Entre los propietarios, que llevan tiempo sin reunirse, predomina el sentimiento de que nunca se ha intentado que los dueños de fincas tuvieran alguna contrapartida por las limitaciones que implicó la declaración de parque natural.
La Xunta: «La dirección de cada parque está en contacto continuo con vecinos»
Aunque hace unos años se encontraba entre los planes de la Xunta declarar nuevos parques naturales en la comunidad, como Os Ancares, Monte Louro o Trevinca, el Gobierno gallego ha desistido de momento de este empeño: «Lo responsable en la actualidad no es declarar nuevos parques naturales sino asegurar la conservación de los declarados», explica la directora xeral de Conservación, Verónica Tellado.
En cuanto a la necesidad de comunicación con los propietarios de los terrenos afectados, recordó que el órgano de participación «por excelencia son las juntas consultivas, pero el personal y la dirección de cada parque están en contacto continuo con vecinos, visitantes, investigadores... a diario por todo lo que se demande», señaló la directora xeral. Añadió que la Xunta siempre ha manifestado «su voluntad de diálogo en la gestión de los espacios protegidos».
En Illas Atlánticas solo un 6% está en manos de propietarios particulares
El Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas es el primer y único espacio con esta categoría de la comunidad autónoma gallega y el segundo en España de carácter marítimo-terrestre, junto al Archipiélago de Cabrera en Baleares. Lo conforman los archipiélagos de Cortegada, Sálvora, Ons y Cíes y el espacio marítimo que los rodea, constituyendo esta franja marina el 86%. En este caso, el porcentaje de propiedad privada es pequeño, del 6,41 %, según informa la Consellería de Medio Ambiente. La superficie total emergida es de 1.161 hectáreas, de las que 79,62 son privadas.
Las islas fueron declaradas Parque Nacional en el año 2002 como una de las mejores muestras de los ecosistemas propios de las costas y fondos marinos atlánticos españoles.
Ha habido varios intentos para que el parque nacional cuente con una nueva integrante, la isla de Tambo, enclavada en el corazón de la ría de Pontevedra, aunque todos han concluido sin éxito. En el año 2002 la isla fue declarada de nulo interés estratégico por el Ministerio de Defensa, al que pertenecía. Desde entonces administraciones de distintos signo político han intentado incluir a Tambo en el parque nacional Illas Atlánticas.
Lo intentó la Xunta, durante el bipartito PSOE-BNG, lo demandaron también el Concello de Pontevedra y el de Poio, en cuyo término municipal se incluye la isla. Hace unos meses fue la Diputación de Pontevedra la que reactivó la petición.
Sálvora era privada
La isla de Sálvora, en Ribeira, no siempre ha sido pública. El Ministerio de Medio Ambiente decidió comprar el archipiélago para impedir su venta a particulares. Aunque durante años estudió su adquisición no fue hasta finales del 2007 cuando se formalizó la compra. Aunque privada, la isla formaba parte del Parque Natural Illas Atlánticas, por lo que estaba sujeta a unas especiales normas de protección.
Con el paso del tiempo se empezó a hablar de cifras de venta del archipiélago y fue el 11 de septiembre del 2007 cuando se anunció que el Gobierno central cerraría el expediente de la compra de Sálvora, por 8,5 millones de euros que se pagaron al propietario, Francisco de Borja Zuleta de Reales, marqués de Revilla. De esa forma, pasó a ser pública. También en el 2007 pasó a ser pública la isla de Cortegada (Vilagarcía).