La Justicia impone embargos y multas millonarias a las familias de la droga

Ha sido un trabajo complejo, silencioso y minucioso a cargo de los agentes de Vigilancia Aduanera, pero ha dado sus frutos. En tan solo dos meses, los jueces han dictado cuatro sentencias por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que despojan a cuatro familias de sus cuantiosos bienes, les imponen multas millonarias y condenan a una treintena de imputados a casi cien años de cárcel. Hace ya unos años que la Agencia Tributaria había anunciado que iba a investigar las redes del narcotráfico donde más les dolía, en su patrimonio, y aunque demostrar el origen ilícito de esas fortunas es harto difícil, porque generalmente el dinero está en el extranjero o a nombre de sociedades y los bienes a nombre de terceros, el camino se empieza a despejar. Y como saben bien las fuerzas del orden, a los narcotraficantes no les duele tener que pasar unos años en la cárcel -saben que son gajes del oficio-; lo que realmente les hace daño es perder sus fortunas.

Las cuatro sentencias firmadas por la Audiencia Nacional y la Audiencia de Pontevedra en los meses de febrero y marzo de este año no son firmes; los condenados pueden recurrir a otras instancias; pero dan por buenos los decomisos preventivos realizados con anterioridad y confirman el embargo de bienes que van desde casas, coches, fincas y sociedades a yates de lujo y obras de arte. Además, imponen multas por valor de 400 millones de euros -la misma cantidad invertida en la polémica Cidade da Cultura- a una treintena de personas que fueron condenadas a casi cien años de cárcel acusadas de blanquear dinero procedente del narcotráfico.

Condenas previas

Son cuatro familias cuyos cabecillas ya cumplieron o están cumpliendo penas por narcotráfico. El más conocido es Marcial Dorado, cuya sentencia condenatoria fue dictada por la Audiencia Nacional el pasado 6 de febrero. Al narco isleño, a su mujer, a su hija y a seis personas más de su entorno se les condena a un total de veinte años de cárcel -seis son para Dorado, que ya cumple condena por narcotráfico- por colaborar con el cabecilla de la red en la creación de un entramado societario que, según la Justicia, no tenía otro objetivo más que ocultar los bienes procedentes del narcotráfico. Además de las penas de cárcel y el decomiso de 29 sociedades y múltiples propiedades, a cada uno de los nueve condenados se les imponen multas por valor de 21,5 millones de euros, lo que asciende a un total de 193,5 millones en sanciones.

Como Marcial, también Juan Carlos González Martín, Culebras, lleva no años, sino décadas, en el punto de mira de la Justicia. Aunque solo fue condenado por narcotráfico en una ocasión hace ya quince años, se le investigó otras muchas veces. Pero el principal argumento de la acusación es que ni él ni su familia carecían de medios para haber acumulado un patrimonio que supera los diez millones de euros solo en cuentas bancarias, además de numerosas propiedades y obras de arte de un valor incalculable. Él, su mujer, sus hijos y sus socios, hasta un total de doce personas, fueron condenados a 50 años de cárcel el pasado 27 de febrero. El supuesto cabecilla deberá pagar una multa que asciende a 56 millones; entre las suyas y las de los demás encausados, las sanciones ascienden a 169 millones de euros.

También en febrero fue condenado el vilanovés Roberto Leiro y su familia, a quienes se les embargaron coches de lujo y bienes por un valor de 590.680 euros. Además, se condenó a ocho personas a multas que superan los 3,6 millones de euros y a doce años de cárcel, en total.

La sentencia más reciente es la del vilagarciano Daniel Pereira. Él, su pareja sentimental y su madre fueron condenados a diez años de cárcel y multas por valor de 1,2 millones de euros. El principal encausado, que ya había sido sentenciado en cuatro ocasiones por su relación con el tráfico de drogas, deberá pasar seis años en la cárcel, si no recurre a otras instancias o estas mantienen la pena.

Malestar ciudadano

Con el embargo de las fortunas del narcotráfico no solo se asesta una puñalada en el corazón mismo de las mafias de la droga, sino que también se alivia ese creciente malestar ciudadano que era testigo de cómo los narcos eran condenados sin que ellos ni sus familias vieran menguar sus fortunas. Acabar con esa impunidad fue lo que puso a trabajar a los agentes de Aduanas.

Crean un servicio para gestionar los bienes decomisados aún sin sentencia

Este verano se pondrá en marcha un taller de empleo en el pazo de Vista Real, embargado hace años a los Charlines y adquirido en subasta por el Concello de Vilanova por un millón de euros. El objetivo de Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova (PP), era paliar en la medida de lo posible los males que el clan había causado a sus parroquianos. Pero cuando el pazo pasó a ser de titularidad pública, ya había sido objeto de numerosos despojos y reformas que habían echado por tierra su valor como bien patrimonial. No en vano había pasado más de una década abandonado.

Para evitar que situaciones así vuelvan a repetirse, para que las obras de arte no corran el riesgo de devaluarse en un depósito, para que los coches embargados no pierdan valor y para que los jueces y los fiscales no tengan que preocuparse de si se paga o no la comunidad de vecinos de un piso embargado, para todo ello se creó hace unos días en Vilagarcía un servicio pionero para la gestión de los bienes decomisados.

Coordinado por la Fundación Galega contra o Narcotráfico y por el Colexio de Procuradores de A Coruña y apadrinado por la Xunta, este organismo se hará cargo de los bienes embargados -siempre con autorización judicial- y procurará buscarles uso aunque todavía no se haya dictado sentencia condenatoria. Si luego el propietario resulta absuelto, se le abonará en dinero el valor de esas propiedades.

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