Sostiene que pretende evitar que resulten penalizados en su carrera profesional
05 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los funcionarios que hayan ocupado altos cargos de designación política serán compensados cuando retornen al servicio activo. La misma ley en la que el Gobierno gallego deja sin efecto el controvertido plus que PP, PSOE y BNG pactaron en el 2007 para los altos cargos habilita un complemento que, según Facenda, busca evitar que los funcionarios reclutados para esas funciones desde puestos de libre designación resulten penalizados en su vuelta a la carrera profesional.
En concreto, la Lei do Emprego Público, que el PP aprobó la semana pasada en solitario en el Parlamento y que ayer publicó el Diario Oficial de Galicia, establece que los funcionarios de carrera que sean designados miembros de los gobiernos central o autonómicos, instituciones de la UE o de las organizaciones internacionales, o que sean nominados altos cargos de esas administraciones públicas o instituciones (incluidos organismos públicos o entidades dependientes o vinculadas), percibirán al regreso al servicio activo «un complemento de posto de traballo non inferior en máis dun nivel, ou tramo equivalente, ao que corresponda ao posto de traballo que ocupaban cando pasaron á situación de servizos especiais».
La filosofía es similar a la que inspiró el plus de los altos cargos, en el sentido de que pretende no disuadir al funcionario de aceptar puestos de responsabilidad política por una posible merma en sus retribuciones. Pero su materialización y alcance es muy distinto. El plus de los altos cargos, que el Ejecutivo de Feijoo mantenía bloqueado desde el 2012, garantizaba un sobresueldo en el retorno a su actividad profesional. En el 2014, 260 ex altos cargos tenían reconocido un plus (complemento de destino vitalicio equivalente al de un director general) que le costó más de 3 millones a las arcas autonómicas del 2008 al 2012. Facenda abonó de media 5.850 euros a los 142 que lo cobraron en el 2012.
Con el nuevo complemento, que la Xunta adopta del Estatuto Básico del Empleado Público, el Ejecutivo crea un colchón que garantiza a los funcionarios que acceden a un alto cargo desde puestos de libre designación, y que pierden dos o más niveles en su reingreso a su plaza de origen, que no sufrirán una merma de más un nivel de complemento específico. Facenda sostiene que aplicará así el «principio de indemnidad profesional», para que un funcionario que ocupa un alto cargo «no resulte penalizado por ello en su carrera profesional».
La Xunta subraya que este complemento tendrá un alcance «residual», porque la mayoría de los funcionarios obtienen su plaza por concurso. Asegura que lo normal en los elegidos por libre designación que pasan a ser altos cargos es que no retornen a un puesto inferior en más de un nivel al que ocupaban.
La evaluación al funcionario se regulará tras el 24-M
La norma que preserva el nivel retributivo para los funcionarios de carrera que ejerzan altos cargos también establece la obligación de 120.000 empleados públicos de Xunta, concellos y diputaciones de someterse a una evaluación de desempeño. Del resultado de ese examen periódico, por el que «se mide e valora a conduta profesional e o rendemento ou o logro de resultados dos empregados públicos», dependerán reconocimientos económicos y profesionales. Pero la ley aplaza a un reglamento posterior la creación del complemento de desempeño, que hasta entonces será sustituido por el de productividad. La norma salió adelante pese a las objeciones sindicales sobre el papel protagonista de los superiores de cada departamento en la evaluación del personal a su cargo, una función que consideran arbitraria.
Además, la nueva legislación consolida otras medidas que suscitaron el recelo de las centrales, como la opción de la movilidad forzosa de empleados, la integración en la función pública autonómica de personal funcionario de carrera procedente de otras administraciones, y la posibilidad de que los chiringuitos adscritos a la Xunta sigan reclutando a sus directivos en la empresa privada. Además, con carácter excepcional, esos puestos de dirección podrán estar ocupados por personas que no tengan la condición de personal directivo.
Otra parte de la extra del 2012
La Lei do Emprego Público fija su entrada en vigor a los 20 días de su publicación, lo que sucederá al día siguiente de las municipales. A partir de entonces, la Xunta tendrá que elaborar los reglamentos para su desarrollo y poner en marcha el procedimiento para completar el reintegro del 25 % de la extra de diciembre del 2012. Los 94.100 empleados de la Administración autonómica y las universidades, que siguen con las extras recortadas, podrían percibir una media de 170 euros por ese concepto en la nómina de junio. Aunque para recuperar esa extraordinaria en su totalidad deberán esperar al 2018.