La hipoteca por el uso de autovías en régimen de concesión y por suprimir y rebajar tarifas en autopistas incluye 191 millones por la AP-9 hasta el 2049
14 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La apuesta por acelerar la ejecución de infraestructuras a través de las fórmulas de pago aplazado que introdujo en Galicia el Gobierno de Fraga, y que también aplicaron después los de Touriño y Feijoo, ha generado una gravosa hipoteca para las arcas públicas. Los peajes encubiertos por el uso de las autovías y las obligaciones contraídas con las concesionarias de las autopistas por la supresión y rebajas en sus tarifas obligarán a la Xunta a desembolsar 2.510 millones de euros a esas empresas hasta el 2073.
Así lo recoge el último informe de fiscalización elaborado por el Consello de Contas, correspondiente a la cuenta general del ejercicio 2013. El documento eleva los compromisos de gastos futuros en este ámbito a 3.111 millones, porque todavía no recoge el efecto del decreto que en el 2014 reguló los nuevos términos de gestión del vial AG-53, que conecta la autopista Santiago-Lalín con la autovía das Rías Baixas. Esas condiciones rebajaron los compromisos plurianuales contraídos por la Axencia Galega de Infraestruturas en ese vial. De los 1.197 millones previstos hasta el fin del período concesional (año 2057) se pasó a 595,95 (de los que la Xunta amortizó 35 en los últimos dos ejercicios). Así las cosas, la suma de la hipoteca que este sistema acarrea para las arcas de la Xunta bajó de los 3.111 millones computados por Contas en su informe a 2.510.
La partida mayor corresponde a una autovía que todavía no está en servicio, y que será la última que el Ejecutivo de Feijoo adjudique con este sistema. Es el vial de la Costa da Morte, que sintetiza la caída en desgracia de una fórmula que la crisis ha encarecido todavía más. A las cargas que el pago de los peajes encubiertos supone para la Administración que adjudica la obra se han sumado las dificultades de las constructoras para obtener los créditos para financiar su ejecución. Según Contas, hasta que expire la concesión (2037) la Xunta deberá afrontar pagos por 737 millones en la autovía que enlazará Carballo con Berdoias.
Entre los viales construidos con este sistema y que ya están operativas, la de Barbanza (AG-11) le costará a la Administración autonómica 365 millones hasta el 2035; la que une la autovía das Rías Baixas con Celanova (AG-31), 317 hasta el 2039; la Santiago-Brión (AG-56), 195 hasta el 2034; y la de O Salnés (AG-41), 93 millones hasta el 2034. En tres de estas autovías la Xunta ha encontrado un problema añadido en la caída del tráfico provocada en los últimos años por la crisis. Para evitar la quiebra de las concesiones en Barbanza, O Salnés y Celanova, este año abonará a las empresas que gestionan esos viales 7 millones más en peajes.
La gruesa cuenta de Audasa
Las cinco autovías en concesión abiertas al tráfico obligaron a la Administración gallega a abonar más de 300 millones desde el 2008, en plena crisis económica. Pero los compromisos de gastos futuros de la Xunta en infraestructuras viarias también incluyen los convenios para suprimir y rebajar peajes en las cuatro autopistas. De los 204 millones que costarán esos acuerdos, la mayor parte irán a parar a Audasa. La empresa concesionaria de la AP-9 ingresará 191,2 millones de la Xunta hasta el 2057 por el cierre de las cabinas en O Morrazo y A Barcala. Esto supone que la factura global de esa retirada selectiva de peajes reportará a Audasa casi 400 millones durante los próximos 40 años, ya que Xunta y Fomento financian al 50 % el coste de esa medida.
Contas alerta de que las fórmulas de pago aplazado reducen la capacidad de gasto
El repaso al impacto que tendrán en las arcas de la comunidad las autovías construidas por el sistema de peaje en la sombra propicia la enésima advertencia del Consello de Contas a la Xunta sobre los riesgos de las fórmulas de pago aplazado, que también ha empleado en el nuevo hospital de Vigo. El órgano fiscalizador subraya «a conveniencia de establecer límites cualitativos e cuantitativos á Administración autonómica para contraer novos compromisos futuros», ante el peligro de «problemas que afecten á sostibilidade das finanzas públicas». Contas insiste en su recomendación de que, antes de recurrir a estas fórmulas de pago aplazado, es preciso tener en cuenta la evolución del ahorro bruto, la cuantía comprometido por capítulo y la proporción entre financiación presupuestaria y extrapresupuestaria.
Previsiones cortas en la AP-9
Contas también anota fallos de procedimiento en los gastos futuros contabilizados por la Xunta. Señala que «non son homoxéneos na súa fórmula de cálculo», ya que los referidos a algunas autovías en concesión se registran en precios corrientes (teniendo en cuenta el efecto futuro de la inflación sobre las tarifas) y en otras se utilizan precios constantes. Cuestiona, además, que las anualidades no se corresponden en algunos casos con la duración de los contratos de concesión.
El fiscalizador vuelve a llamar la atención en su informe sobre la insuficiencia de los compromisos consignados por la Xunta para hacer frente al pago del 50 % del coste de la supresión de los peajes en los tramos de la AP-9 de O Morrazo y A Barcala. Así, entre el 2007 y el 2012, las previsiones de la Administración de lo que tenía que abonar a Audasa por ese concepto fueron inferiores en casi 7 millones a lo que realmente liquidó a la concesionaria de la vía de pago. Contas pide a la Xunta que ajuste «cun criterio prudente» los compromisos futuros a la ejecución real, en función del tráfico registrado en años anteriores y de la información sobre su evolución futura.