Tras salir indemne de la Campeón, Orquesta, Pokémon, Pikachu y Carioca, la operación Patos hace temblar los cimientos de la política en Vigo y Pontevedra
27 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Estos días circula un chiste por Vigo: «Si no sales en la lista de regalos de la Patos, no eres nadie». La operación anticorrupción ha entrado como un huracán en la provincia de Pontevedra, la única que permanecía ajena a las grandes tramas que han descabezado gobiernos en el resto de Galicia. La Patos ya ha hecho temblar los cimientos de tres instituciones que habían sobrevivido a todos los terremotos judiciales que azotaron la vida política gallega en el último lustro: el Concello de Vigo, la delegación de la Xunta en esta ciudad y la Diputación de Pontevedra. De momento hay medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios imputados y se esperan muchos más.
Pontevedra se libró de escándalos de la envergadura de la Campeón, Carioca, Pokémon y Pikachu, y Orquesta, centrados mayoritariamente en Lugo y las provincias de A Coruña y Ourense. El caso Campeón estalló en el 2011 e investigó el cobro de comisiones ilegales por subvenciones irregulares a empresas gallegas. Estuvieron implicados el empresario Dorribo, funcionarios del Igape, dos diputados, el alcalde de Lugo, José López Orozco, y hasta el exministro de Fomento, José Blanco, del que se archivó la causa. Otra gran trama, la Pokémon, investigó a políticos locales de Lugo, Santiago, A Coruña y Ourense. El epicentro fue el grupo Vendex. También hubo regalos navideños y relojes.
Pero hacía tiempo que las autoridades judiciales habían puesto su foco en Vigo. Hacienda había detectado en el 2009 la implantación de una red de 200 empresas de la construcción de la provincia que se dedicaban sistemáticamente a inflar sus gastos y generar dinero negro. Existían sospechas de que esos tentáculos podrían extenderse a otros ámbitos. Entre las firmas investigadas había alguna del entorno de Eiriña o adjudicatarias de las humanizaciones del Concello de Vigo.
La trama 5 Jotas
El fiscal de delitos económicos de Vigo, Juan Carlos Horro, que investiga la operación Patos, dedicó los últimos cinco años a desenredar la conocida como trama de facturas falsas de Las 5 Jotas y que se ha saldado con medio centenar de condenas. El jefe de una carpintería, José Manuel Costas, extendía talones a nombre de empleados rumanos, iba a cobrarlos al banco y, a los pocos minutos, salía cargado con bolsas de casi 400.000 euros que devolvía a las empresas compinchadas de su red. Estaban fabricando dinero negro pero ¿para qué lo querían? Costas sugirió que algunas constructoras usaban esos fondos opacos para pagar comisiones ilegales a políticos que les adjudicaban obras públicas. Pero no aportó pruebas y se llegó a un callejón sin salida.
Aquello solo fue la primera chispa. En Vigo no tardaron en saltar investigaciones en las que sí había políticos involucrados. En el caso Hormigón, el concejal de Jardines de Vigo, Ángel Rivas, fue imputado en una red que se habría beneficiado de la ampliación de obras sin concurso previo mediante el abuso de un procedimiento urgente que es legal. La Fiscalía sospechaba de Rivas porque su empresa Hormigones Val Miñor tenía intereses económicos. Casualmente, era el gran proveedor de cemento para las adjudicatarias. Eiriña también aparece en esta trama como una de las empresas beneficiadas.
Finalmente, el 18 de febrero del 2014, decenas de agentes registraron los despachos de varios concejales de Vigo, la Diputación de Pontevedra, la delegación de la Xunta en Vigo, el Consorcio del Casco Vello, la Autoridad Portuaria y otros cinco ayuntamientos repartidos por tres provincias. También fueron requisados discos duros de las sedes de Eiriña, que sería el epicentro de la trama, y de la firma de limpieza y acondicionamiento Cespa.
Acababa de estallar la operación Patos, en las que el fiscal descubre amaños para adjudicar las obras públicas y prebendas. Esta vez también hubo indicios contra los políticos. Ocho de ellos han sido imputados, incluido el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el expresidente de la Diputación, Rafael Louzán. A través de las escuchas, los policías se enteran de que empresarios y cargos públicos se reúnen en un café para sus amaños. Hallan un SMS donde un concejal pide colocar a enchufados como favor. Aparecen listas con nombres de políticos para enviarles regalos.
La jueza de instrucción número 7 de Vigo ha pedido que juzgados de Ponteareas, Pontevedra, Santiago y Ourense investiguen los flecos que quedan y que apuntan a más imputados.
Abel Caballero se pregunta si «otros» pueden negar tan «clarito» su relación con Patos
El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, hizo ayer su primera declaración tras la imputación en la operación Patos. Según recoge EFE, Caballero se pregunta si «otros» imputados como él en la operación Patos, de otras Administraciones, pueden decir «clarito como el agua» que no tienen que ver «nada de nada de nada» con la trama de corrupción. Reiteró que no recibió regalos de la constructora Eiriña. En concreto, le acusan de recibir un reloj valorado en 1.750 euros.
El regidor vigués señaló que la policía le dice al fiscal que la pluma que supuestamente también recibió fue devuelta a la tienda por la empresa que se la pretendía regalar. Por ello, insistió «con mucha más fuerza y contundencia que antes» que lo que le atribuyen del sumario relacionado con él es «completamente falso». El fiscal y la jueza coinciden en que solo están sin prescribir los delitos por regalos posteriores al 2009. La pluma quedaría fuera.
Respecto a las imputaciones de tres concejales de su gobierno, Ángel Rivas (también imputado en el caso Hormigón), David Regades e Isaura Abelairas, Caballero les remite a lo que dijeron ellos mismos negándolo todo. «Lo sabe todo el mundo: lo mío, clarito y nada de nada de nada. Por cierto, no sé si otros, de otras Administraciones, pueden decir lo mismo, que no entro en eso», dijo.