Distintas asociaciones de afectados por las tragedias del Alvia, Spanair o el Madrid Arena participaron en una jornada para analizar el nuevo estatuto que defiende sus derechos
24 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.«El Estatuto de la Víctima es poco más que papel mojado, porque es inviable llevarlo a la práctica sin medios técnicos, humanos y económicos». Esa es según Esther Fontán, presidenta de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario (AIMS), la principal conclusión de la jornada celebrada ayer en el Rectorado de A Coruña para analizar esta nueva normativa, y que reunió a asociaciones de víctimas del Alvia, de Spanair, del Madrid Arena, del amianto o del maltrato, entre otras.
Reconoció que el impulso de la directiva europea y de estos colectivos fueron decisivos para que se aprobase este documento el año pasado, pero «hay que seguir trabajando para que se cambien las leyes en este país, que se dote a los juzgados de medios económicos y humanos para poder hacer su trabajo, y que incluso que esos juzgados puedan estar apoyados por especialistas de asistencia psicológica a las víctimas». Fontán también reconoció que esta jornada les ha servido para descubrir que es mucho más lo que une a las asociación de víctimas, que lo que las separa por la especificidad de cada caso. «La idea es seguir trabajando juntos, estudiar qué fórmulas organizativas nos permitirían trabajar a todos bajo un mismo paraguas. Cada uno va a aportar la experiencia que tiene, pero también queremos dar entrada a todas aquellas personas que de manera individual no saben a donde acogerse, porque son víctimas de determinados delitos y se ven solos, como la hermana de María José Arcos», apuntó, al mismo tiempo que anunció que «hemos venido para quedarnos. Queremos que cuando se hable de víctimas, se sepa que hay más que víctimas del terrorismo, a los que, por cierto, debemos de dar las gracias por haber abierto vías de reconocimiento y de trabajo para que los demás siguiéramos la estela, aunque sea desde otras realidades sociales».
Fontán también fue la encargada de relatar la situación en la que se encuentra las cerca de 150 víctimas de Coté, el falso médico de Ferrol, «que llevamos ocho años y dos meses con la instrucción abierta, y todavía no sabemos cuándo se va a cerrar la causa. Hemos vuelto a denunciar a este individuo por presuntas actuaciones ilícitas y estamos pendientes de resolución. En todo caso, está muy claro que no tiene ninguna intención de enmendarse», destacó.
La Plataforma de Víctimas del Alvia también hizo un repaso de lo sucedido judicialmente durante estos casi tres años, «en los que hemos sido víctimas de las negligencias, chapuzas, irresponsabilidades y no sabemos si de alguna otra cosa más de la organización más poderosa de nuestro país: el Estado, representado en este caso por Fomento y las empresas públicas ADIF y Renfe, y también de las grandes empresas que realizaron las obras del AVE en el tramo Ourense-Santiago y que han manejado, por dichas obras, miles de millones de euros dentro y fuera de nuestro país», destacó José A. Gayoso.
Las quejas contra los poderes públicos también llegaron de la mano de los afectados por la tragedia del Madrid Arena. Isabel de la Fuente, madre de una de las víctimas, reconoció que se sentía «humillada y ninguneada», porque la justicia parece amparar más a los presuntos delincuentes. «Hay muchísimas pruebas y deberían de ser todos condenados, unos por acción y otros por omisión», consideró.