Son loables los trabajos, imaginación y esfuerzo que está aportando la Consellería de Infraestruturas para dar solución, de momento provisional y en dos años definitiva, a los servicios de transporte por carretera, pero no debemos olvidar que el problema actual es que gran parte de las concesiones existentes quedarán jurídicamente en precario y otro grupo de concesiones ha renunciado a seguir prestando servicios.
Pero se trata de lo mínimo que este organismo de la Administración autonómica puede hacer para solventar el problema creado por la propia Xunta al prorrogar de forma indebida las concesiones existentes, contraviniendo la regulación específica europea dictada para conseguir la libre competencia y el mejor servicio a los ciudadanos. El juez, al que algunos medios han señalado como causante de la situación, se limitó a aplicar la norma que defiende a los usuarios del servicio de transporte por carretera.
Dejando para otra ocasión el análisis de cómo se llegó a la situación actual y siendo constructivos, debemos apoyar las medidas anunciadas: transporte escolar compartido, transporte a la demanda, ajuste del tamaño de los vehículos al volumen real del tráfico... pero también se pueden importar soluciones que ya se aplican en Suiza o en Noruega y que involucran a otros servicios en la coordinación de horarios y actividades.
El talante más bien absolutista manifestado hasta hace bien poco por la Xunta, escudándose en una legislación caduca, más preocupada por la situación jurídica y por el negocio de las empresas que por otorgar al viajero y a los pueblos su estatus de verdadero objeto del servicio, parece empezar a evolucionar. Ya se abre el diálogo y se propicia la coordinación con los concellos, cuyos pueblos y ciudadanos van a disfrutar de estas nuevas políticas.
La aplicación rígida de las normas, el inmovilismo propiciado por las empresas dominantes y la ausencia de diálogo y de atención a muchos de los casos problemáticos generados por las anquilosadas redes existentes está en el origen de las múltiples desavenencias producidas entre empresas, usuarios en general y autoridades locales, deseosas de facilitar mejores servicios a sus conciudadanos.