Las coacciones en la votación del paro en la Justicia acabarán en la Fiscalía
GALICIA
Los sindicatos a favor del fin de la huelga tachan de fascistas a CUT, STAJ y CIG
29 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La unidad sindical en la Justicia gallega no está rota. Está destrozada. No ya porque las centrales que no apoyaron la última oferta de la Xunta decidiesen desmarcarse del comité de huelga, en el que eran minoría, sino porque los incidentes que CUT, STAJ y CIG provocaron el viernes durante la jornada de votación para decidir si se aprobaba el preacuerdo fueron tan lejos -en Vigo y Pontevedra hasta tuvo que intervenir la policía- que los otros cuatro sindicatos aseguran que presentarán ante la Fiscalía los numerosos vídeos existentes en los que se registran escenas de gran tensión con insultos, amenazas e incluso coacciones «para que los responsables den cumplida cuenta de los posibles delitos que hayan podido cometer», explican SPJ-USO, UGT y CC.OO. en un comunicado al que se ha adherido CSIF.
Para estos cuatro sindicatos, la votación se llevó a cabo en «un ambiente de coacción que no permitió que se desarrollara con garantías» y denuncian que «desde primera hora de la mañana» hubo una «intolerable persecución por grupos de asalto organizados por CUT, STAJ y CIG» que «intentaron impedir con su actitud agresiva que la votación se realizase». Los sindicatos que apoyaban el fin de la huelga aseguran contar con gran cantidad de imágenes «que indican que se han podido cometer numerosos delitos: coacciones, amenazas, insultos, daños materiales e incitación al odio, entre otros», explican.
Las víctimas de este acoso e intimidación fueron, según SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO., además de los sindicalistas de estas organizaciones, «sus familias y los trabajadores de la Administración de Justicia que querían votar». Creen que esta actitud fue un «ejercicio de intolerancia que no cabe dentro de una democracia» y advierten a CUT, STAJ y CIG que «tratar de impedir el legítimo derecho fundamental al voto es en sí mismo de una gravedad extrema» y que los incidentes ocurridos en Vigo, Pontevedra, Lugo y Ferrol son «más propios de un régimen fascista que de una democracia».
Ante la gravedad de lo ocurrido el día de las votaciones, los cuatro sindicatos que apoyaron el preacuerdo con la Xunta aseguran que no se van a quedar de brazos cruzados y que por eso han tomado la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que califican de «vergonzosos» y que «retratan por sí solos a quienes los han realizado».
Desde CUT, CIG y STAJ niegan estos «impedimentos» a que los trabajadores votasen, pero lo cierto es que esas organizaciones no querían que votasen todos los trabajadores, sino solo los que ellos calificaban como huelguistas. Así, muchos funcionarios que habían dejado el paro en las últimas semanas se vieron coaccionados y tuvieron miedo a votar, como han puesto de manifiesto en numerosos mensajes enviados a delegados sindicales.
Este temor a votar de muchos trabajadores explica la baja participación. Pese a la enorme importancia de lo que se iba a decidir, tan solo depositaron sus sufragios 1.613 trabajadores de una plantilla total de 2.750. De ellos, 746 apoyaron la desconvocatoria de la huelga y solo noventa más (836) se posicionaron en contra.
La oferta de la Xunta que ha quedado rechazada suponía un incremento salarial de 140 euros al mes para los forenses, 135 para los gestores, 127 para los tramitadores y 122 para el cuerpo de auxilio. El 50 % lo percibirían este año, un 30 % más el que viene y el 20 % final en el 2020. CUT, STAJ y CIG exigían 140 euros más al mes para las tres últimas categorías, solo 12 euros más que la media de lo ofrecido.