Franco la concedió en Meirás a 16 firmas financieras y ya ha pasado por el Estado, constructoras y fondos inversores
11 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Desde que el 17 de agosto de 1973 Francisco Franco firmó en el pazo de Meirás la adjudicación de la construcción y explotación de la autopista del Atlántico, la columna vertebral de Galicia ha cambiado siete veces de manos con la operación anunciada ayer desde Ámsterdam. Y no ha variado porque su gestión resulte deficitaria, la dirección del vial sea excesivamente complicada o haya formado parte de absorciones, uniones o disgregaciones societarias. La AP-9 en especial, por su eficacia recaudatoria, y todo el grupo Itínere, ha cambiado de manos porque es un gran negocio. Desde que sus barreras se levantaron por primera vez para que pasase el Seat 1430 del padronés Francisco Mene, la caja de Audasa ha recaudado 2.859 millones de euros, 350.000 euros al día, ahí es nada.
El negocio lo vieron los impulsores de la concesionaria, y por eso optaron a construir el vial. Las cajas de Vigo, Pontevedra, Santiago y Ourense, los bancos Hispano Americano, Pastor, del Noroeste, Bilbao, Atlántico, Mas Sardá, Occidental, de Barcelona y la Unión Industrial Bancaria presentaron la propuesta que convenció a Franco y a su ministro Gonzalo Fernández de la Mora y Mon. El trazado nacía en Fene y acababa en Tui y la concesión se otorgó por 39 años, y acababa por tanto en el 2012. Pero ya en 1979 UCD otorgó un año más para estirarlo hasta el 2013.
La inexistencia de un trazado continuo entre Pontevedra y Santiago para unir los tramos que ya existían hasta A Coruña y Vigo hizo que la recaudación no fuese suficiente para afrontar las inversiones y obtener ganancias. Y en 1984 los accionistas de Audasa hicieron el primer traspaso de la empresa, transmitiendo a favor del Estado el total del capital social de la empresa. El Gobierno de Felipe González lo cedió a su vez a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). En manos de la Administración pública, Josep Borrel firmó una nueva ampliación de la concesión hasta el 2023, y Aznar aún lo llevaría hasta el 2048 en el año 2000.
El tercer cambio de manos llegaría al privatizarse ENA. Sacyr, ENA-Itínere, Ibergement Assessments, Pistas de Galicia, Autopistas Participadas y Al’Andalus Concesiones Uno se hacían con el pastel que por primera vez en aquel año 2003 superaba los cien millones de euros de recaudación. Dos años después, un nuevo baile accionarial: Sacyr Vallehermoso se quedaba con el 100 % de las acciones.
En el 2008 Sacyr vendió la mayoría de ENA-Itínere a Citi Infraestructure, y a partir de ahí es casi imposible conocer el nombre de todos los fondos de inversión y de pensiones que han metido sus manos en la AP-9 y sus hermanas del grupo Itínere.
Las cajas gallegas compraron en el 2009 el 22,9 % de Itínere, que ahora forma parte de la cartera de participadas de Abanca y que esta desea vender. En el 2015 Citi decide desvincularse de las inversiones en las autopistas españolas y cede su presencia a Corsair Capital, que junto a Liberbank ha ostentado hasta ahora el liderazgo a través de otra firma con sede en Bilbao: Arecibo, que suma el 54,19 % de las acciones de la empresa matriz de Audasa.
Los nuevos dueños
El séptimo cambio, al menos de dueño mayoritario, llega ahora de manos de APG y Corsair, si los tribunales no dicen otra cosa.
APG Group, la firma que manejará los dividendos que genera la AP-9, es la mayor gestora de fondos de pensiones de Holanda, los de una de cada cinco familias del país. Cuenta con 3.000 empleados que gestionan los 482.000 millones de euros de las pensiones de empleados de educación del Estado, trabajadores de la Administración y de otros sectores como la construcción, la limpieza, cooperativas de viviendas y compañías de energía, sanidad y arquitectura.
Corsair, hasta ahora mayoritario en Itínere, nació en 1992 bajo el techo de JP Morgan con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad allí donde invierta. Lo ha hecho con 8.000 millones de dólares en todo el mundo.
