La falta de jueces y la carga de trabajo agravan los retrasos en el orden social
GALICIA
En Lugo ya se están efectuando señalamientos de juicios para el año 2021
04 nov 2018 . Actualizado a las 13:36 h.«Una Justicia que se dilata en el tiempo pierde eficacia». La frase del juez Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior, refleja la situación actual de la Justicia, anticuada y poco dotada de recursos, que necesita de una profunda reforma organizativa y que está pendiente de la modernización de sus herramientas para hacer frente a las necesidades actuales. Una Justicia en la que, sobre todo, faltan jueces, sus principales protagonistas. En Galicia, los que hay (348 al cierre del 2017) están sobrecargados, asfixiados por interminables documentos. El propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, puso de relieve que más del 60 % de los órganos judiciales están claramente sobrecargados.
Esa fotografía de una Justicia en blanco y negro provoca continuos retrasos, que causan los mayores problemas a los ciudadanos en el orden social. En el primer semestre de este año habían entrado casi 15.000 casos en los juzgados de lo social de Galicia y quedaban pendientes 25.969 asuntos.
Derecho a una respuesta
En los juzgados de lo social de Lugo, la falta de jueces es acuciante y se están efectuando señalamientos para el año 2021, según fuentes de CSIF-Justicia. En el 2017, según la misma fuente, se sobrepasaron las 1.200 demandas en lo social y hubo una jueza de refuerzo que rotó por los tres juzgados, pero que ahora ya no está. El principal problema de la Justicia está en lo social, indica el presidente de la Audiencia de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, que reclama un juzgado más para su ciudad, una demanda que realizan distintos estamentos de la sociedad lucense. «La gente tiene derecho a que se le dé respuesta mucho más rápido de lo que es posible hacerlo en estas condiciones», señala Varela.
En Galicia, la Justicia ya estaba en mala situación, y la huelga de funcionarios de principios de año vino a complicar las cosas. «La huelga, por duración e intensidad, tuvo una grave, aunque irregular, incidencia en la actividad jurisdiccional», reveló en la apertura del año judicial Miguel Ángel Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Explicó Cadenas que el paro desembocó en una situación compleja, «al proyectarse sobre órganos judiciales en bastantes casos ya saturados».
Esfuerzo de los jueces
En un informe sobre la situación de la Justicia en Galicia, Juezas y Jueces para la Democracia destaca «el esfuerzo personal de muchos compañeros y compañeras para sacar adelante su trabajo, con el único objetivo de prestar un servicio público digno y de salvaguardar los derechos de la ciudadanía». A ese esfuerzo de los jueces se debe, según las fuentes consultadas, que el sistema siga funcionando, «de forma lenta, pero funcionando». El propio Cadenas se preguntaba dónde buscar jueces para reforzar el plan de recuperación de los casos bloqueados por la huelga.
Pero el problema viene de atrás. Lo explican en Ribeira, donde la acumulación de casos no es un problema derivado de la huelga, sino que se viene arrastrando desde hace años por la falta de personal y por la inexistencia de un juzgado específico de violencia contra la mujer, que muchos profesionales reclaman desde hace tiempo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ribeira debe asumir todos los casos de violencia machista, que tienen preferencia sobre los demás asuntos, que quedan paralizados.
«He tenido un caso de desahucio que ha tardado más de 17 meses en resolverse»
«Yo he tenido un caso de desahucio que ha tardado más de 17 meses en resolverse. Y cuando se resolvió, aquel piso no había por dónde cogerlo», explica una procuradora que ejerce en los juzgados de Ribeira. Esta profesional también es consciente de que la acumulación de trabajo y la escasez de personal llevan a que se produzcan bastantes fallos, que están derivando en crear «una mala fama» de toda la tramitación que procede de estos juzgados.
«Nos quedamos sin clientes»
Las consecuencias de esa situación en los órganos judiciales también afectan finalmente a los ciudadanos, explica la misma profesional del ámbito legal, ya que como consecuencia de estas largas demoras los usuarios no se sienten respaldados por la Justicia «y, por tanto, deciden no hacer valer sus derechos en los juzgados, al mismo tiempo que nosotros nos quedamos sin clientes».
