3.000 millones en 40 años de peajes en la AP-9

La principal arteria de Galicia cumple su cuarto decenio desde que abrió su primer tramo. Le quedan 29 años más de concesión con unos peajes entre los más caros de España


vigo / la voz

Al primer usuario de la AP-9 Audasa le dejó pasar gratis. Aquel 27 de abril de hace cuarenta años, el matrimonio Mene-Nistal se plantó con sus nietos a bordo de su Seat 1430 ante las barreras del área de peaje de Santiago media hora antes de la anunciada inauguración. A las 17 horas, la cúpula de la empresa formada por las cuatro cajas de ahorros gallegas y doce entidades financieras más de toda España agasajaron al matrimonio y a los pequeños, y la caja registradora no consignó las 60 pesetas (0,36 euros) que se fijaron en aquel momento para el primer tramo en servicio (hasta A Barcala), hoy nada menos que un 1.775 % más caro. Desde entonces, los cajeros de la autopista del Atlántico no han parado. La concesión de la principal arteria de comunicación de Galicia es un negocio seguro en el que uno de cada tres euros que pagan en peajes sus usuarios se convierte en beneficio bruto. Descontando los impuestos, uno de cada cuatro euros pasa a la columna de beneficio neto, generalmente para ser repartido como dividendo entre los accionistas.

En los 40 años que la próxima semana cumplirá la AP-9 desde la inauguración del tramo Santiago norte-A Barcala, Audasa ha recaudado 2.865 millones de euros, a los que faltan por sumar los ingresos de la segunda mitad del año pasado, previsiblemente por encima de los 75 millones de euros, con lo que, desde su inicio, la caja se aproxima ya a los 3.000 millones de euros.

Y si milmillonaria es la recaudación, los beneficios que los gallegos han procurado a la gestora de la principal autopista de la comunidad han alcanzado también los mil millones de euros, una vez se sumen los de los últimos seis meses del año pasado. Hasta la primera mitad del 2018, la AP-9 le dio a ganar a Audasa y a su empresa matriz, Itínere, 997 millones de euros, y eso que en los 15 primeros años del vial se cosecharon pérdidas por no estar completo su trazado y al siguiente ejercicio el balance se quedaría aún a cero.

Veinticuatro años de beneficios

Audasa acumula 24 años de negocio redondo que han permitido enjugar las perdidas iniciales, recaudar ya casi 400.000 euros al día, blindar la concesión hasta el año 2048 tras tres ampliaciones del contrato y garantizarse una subida progresiva y excepcional en el precio de los peajes para gran parte del tiempo que queda de concesión, incrementos de tarifa que harán que la AP-9 se sitúe entre las autopistas más caras de España, aunque varios tramos del vial gallego ya figuren en lo alto de la lista.

Las obras con las que Audasa ha evitado el riesgo de colapso en la autopista, tanto sobre la ría de Vigo como en la circunvalación de esta ciudad, le saldrán completamente gratis a la concesionaria, que incluso hará negocio con los intereses al 8 % que ingresará por haber adelantado el dinero para unas obras que le permiten sumar más usuarios y evitar que estos busquen vías alternativas, que no las hay, o que el Ministerio de Fomento se plantee en serio en algún momento construir arterias paralelas.

Los 200 millones de euros que la concesionaria empleó en mejorar la infraestructura que gestiona con dos ampliaciones, harán posible que de los 156,2 millones de euros que Audasa prevé recaudar este año en peajes se vaya a pasar a 830,7 millones de euros en el último año completo de concesión, el 2047. Durante veinte años la concesionaria sumará un 1 % de subida acumulativa a la evolución de precios del IPC, lo que según las cuentas de la empresa la llevará a recaudar aún otros 14.556 millones de euros hasta el año 2048, cuando tengan que desaparecer las barreras de la AP-9 al llegarse al final del contrato.

Si se hubieran cumplido los planes iniciales de la concesión firmada por Franco en el pazo de Meirás, el uso de la autopista tendría que haber sido gratis desde agosto del 2012, o a partir de noviembre del 2013, tras ampliar el contrato en 1977 la UCD. Habría ahora por delante solo cuatro años más de pago, si se hubiese mantenido la prórroga que Josep Borrell decretó en 1994. Pero Galicia tendrá que seguir pagando peajes hasta el 18 de agosto del 2048, tras una tercera ampliación permitida por Aznar, para llegar así a 75 años de concesión desde que en 1973 se adjudicó la construcción y gestión de la AP-9.

Seis entidades financieras gallegas la fundaron, y ya no hay rastro de ninguna

Aprovechando unas vacaciones en el pazo de Meirás, el ministro de Obras Públicas Gonzalo Fernández de la Mora y Mon llevó en agosto de 1973 a Francisco Franco el expediente de «adjudicación administrativa de construcción, conservación y explotación de la autopista del Atlántico». El dictador y su ministro firmaron al pie del documento en el que seis entidades financieras gallegas figuraban como accionistas e impulsoras del proyecto del vial pensado para unir Ferrol y Tui siguiendo un calendario de obras preciso, que tenía que haberse alcanzado el 30 de junio de 1982 en el sur, para el tramo O Porriño-frontera y el 30 de diciembre de ese mismo año entre Guísamo y Fene. El primero se terminaría en 1999 y el segundo en el 2003.

Las cajas de ahorros de Vigo, Pontevedra, Santiago y Ourense figuraban junto al Banco Pastor y el Banco del Noroeste como los vínculos empresariales galaicos de un proyecto que pronto encontró oposición vecinal y política contra a navallada que diversos ámbitos entendían causaba en Galicia el vial, que ha acabado por aglutinar al 40 % de la población de la comunidad.

Los accionistas iniciales traspasaron la empresa al Estado a causa de las pérdidas de los primeros años. La privatización en el 2003 abrió el baile de capitales que sigue hoy, pero ya sin presencia alguna de empresariado gallego desde que el año pasado Abanca vendió el 23,8 % de la empresa matriz de la autopista, cuya mayoría se disputan ahora fondos de inversión de medio mundo.

Los fondos de inversión se pelean por el negocio seguro de la AP-9

Carlos Punzón

Ya no quedan marcas bancarias en el accionariado, en el que Sacyr será la que decida el control

Dieciséis bancos constituyeron en 1973 el capital social de Audasa. A falta de 29 años para que concluya su concesión de la AP-9, ya no queda ninguna entidad financiera en el accionariado.

Los pleitos cruzados y la venta esta semana de las participaciones de Liberbank a Corsair Capital son muestras de la guerra sin tregua que los principales fondos de inversión del mundo libran por Itínere, la empresa matriz de Audasa. La AP-9 es la estrella del grupo, un negocio seguro y cimiento de la rentabilidad de Itínere. Pero su futuro depende ya más de decisiones que se tomen en Estados Unidos, Holanda o Canadá que en España, y mucho menos de lo que se dirima en Galicia.

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