La magistrada acumuló en los últimos años nueve causas con más de 200 investigados. Solo una está resuelta
10 oct 2019 . Actualizado a las 20:03 h.Más de doscientos investigados en nueve macrocausas con varias ramificaciones sitúan al juzgado de Pilar De Lara en el epicentro judicial de Galicia desde hace diez años. Solo uno de los casos está cerrado, aunque fue el juez que reforzó su juzgado el que decretó el archivo de la operación Gandoy, nacida de denuncias de supuestos malos tratos y acoso en un centro de día lucense. Tras pasar por la instrucción de la jueza, desencadenó en una investigación sobre posibles contrataciones a dedo.
La operación Carioca, la más antigua de las macrocausas que maneja De Lara duplica el plazo máximo que concede la nueva ley. Del hilo de esas investigaciones la jueza abrió tres años más tarde otra causa con otro centenar de imputados, la Pokémon, abierta desde que, entre otros, el exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, fue detenido y trasladado al calabozo. La complejidad de la macrocausa acabó por derivar en 10 piezas separadas de las que solo se resolvieron dos en instancias ajenas a De Lara, y con el mismo resultado: la desimputación de Paula Prado, que era portavoz del PP en el Parlamento gallego, y del exalcalde de O Carballiño Argimiro Marnotes. La rama de Vendex, que lleva la jueza y que es la que cuenta con mayor número de investigados; la operación Pikachu, versión coruñesa de la Pokémon, con más de una treintena de implicados, se mantienen a la espera de que se determine si la magistrada es competente para seguir su instrucción, debe pasar a la Audiencia Provincial o al Juzgado Central de Instrucción; la pieza que sigue las posibles irregularidades en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil; la operación Manga, que investiga contratos en el Concello de Santiago y en Asturias; la posible financiación ilegal del PSOE compostelano, y las ramificaciones catalana y asturiana nacidas de la macrooperación de septiembre del 2012, siguen abiertas.
La jueza aumentó su actividad años después, con las causas con las que imputó a Gómez Besteiro. La operación Pulpo, abierta a raíz de una denuncia por acoso laboral del 2013, acabó por transformarse en una investigación sobre supuestas contrataciones ilícitas en la Diputación lucense, manipulación de concursos, desviación de fondos públicos o subvenciones injustificadas.