El movimiento vecinal llega a plantear que no se pague la risga a los okupas condenados
GALICIA
La Xunta reclama un endurecimiento de las penas y asegura que no le consta que haya ocupantes que le solicitasen una vivienda
22 sep 2020 . Actualizado a las 13:18 h.Representantes vecinales de Galicia solicitaron ayer a la Xunta que reclame al Gobierno central un endurecimiento de las penas contra los okupas. En una reunión mantenida por dirigentes de las federaciones de asociaciones vecinales de Vigo, Ourense, Lugo y Ferrol, subrayaron el perjuicio que dicho fenómeno supone para los vecinos que residen junto a un inmueble ocupado.
«No es cierto que no pase nada porque se ocupe una vivienda de un banco. Sí que les pasa a quienes viven en la zona: aumenta la inseguridad, abundan los altercados y se enganchan a sus servicios de agua y electricidad sin que puedan atreverse a cortárselos, si no quieren ser denunciados por acoso», señala la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vigo, María Pérez.
Endurecer las penas judiciales para los que hacen de la ocupación su modo de vida fue el criterio coincidente en la reunión de ayer con la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que manifestó su acuerdo con que se lleve a cabo una reforma legal a nivel estatal para castigar con más firmeza los allanamientos y usurpación de viviendas.
En el encuentro surgió entre los representantes vecinales de las cuatro ciudades la propuesta de que se deje de pagar la renta de integración social de Galicia (risga) a quien resulte condenado por ocupar una propiedad. «Parece que hablar de propietarios es hablar de personas con una situación desahogada, pero, por ejemplo, la ocupación le está afectando a gente mayor que tiene una segunda propiedad en sus pueblos o por herencia, o por lo que fuese, y que ven que se la han destrozado y no tienen dinero ni salud para afrontar un proceso judicial para recuperarla o que les paguen lo que le han destrozado», mantiene María Pérez.
Empadronar solo a quienes demuestren ser inquilinos de un inmueble es otra de las propuestas planteadas. La conselleira Ángeles Vázquez aseguró que la Xunta no conoce ningún caso de okupas en la comunidad que hayan optado por hacerse con una propiedad ajena siendo demandantes de una vivienda social ante la Administración autonómica. Negó además Vázquez que la ocupación haya repuntado en Galicia por falta de viviendas sociales.
Tanto la conselleira como los dirigentes vecinales coincidieron en reclamar desalojos de okupas más ágiles y que se produzcan en cuanto una persona demuestre que es dueña de un inmueble usurpado, contemplando para el okupa penas de cárcel en lugar de multas. «É inadmisible que a ocupación ilegal dunha vivenda só se castigue cunha multa e non cunha pena de prisión», dijo la conselleira, que añadió que en Galicia hay ahora más de cien denuncias activas por ocupación de inmuebles.
