Fernando Martínez, fiscal delegado de violencia contra la mujer: «Que una víctima dude no quiere decir que los hechos no sean ciertos»

José Fernando Martínez Quiroga es fiscal delegado de violencia contra la mujer en la provincia de A Coruña desde el año 2009. Una experiencia que le permite reflexionar y dar importantes claves sobre el tratamiento judicial de estos delitos y sobre la evolución de la violencia machista en la sociedad.

—Trabaja en violencia de género desde hace doce años. ¿Cómo ha ido evolucionando el trabajo en esta área a nivel judicial?

 —Ha habido un continuo y progresivo aumento de los casos desde que empecé en el año 2009, entiendo que porque cada vez hay más denuncias, quizás por la mayor información que tienen las mujeres, quizás también por el mayor apoyo social. La sociedad, aunque muy lentamente, sí está evolucionando en esta materia, la percepción actual ya no es la que era. Y aunque tampoco es la que debería de ser, sí hemos mejorado, algo hemos avanzado. Con todo, los datos que se reflejan en las memorias de trabajo, las cifras, siguen siendo escalofriantes, inasumibles. Ninguna sociedad puede permitirse el maltrato a la mujer por el hecho de ser mujer. Es una discriminación basada en la desigualdad, contra la que hay que poner todos los medios, no solo judiciales, que son el último eslabón. La represión penal produce efectos, pero el cambio fundamental se debe realizar a través de la educación en igualdad.

—Sin embargo, aún hay quienes no entienden que se hable de una violencia específica contra la mujer.

—Pero es que es una realidad evidente, cuantitativa y cualitativamente. Cuantitativamente porque desde que yo empecé a trabajar en 1989 la delincuencia ha evolucionado radicalmente, y actualmente la mayor dedicación de la fiscalía y los juzgados de instrucción, en un porcentaje muy alto, la ocupan los delitos cometidos contra las mujeres, en un sentido amplio, y los delitos de violencia de género más específicamente, en los que existe o ha existido una relación de pareja. Pero además, es una violencia con una importancia cualitativa porque ataca bienes muy relevantes protegidos por la Constitución: la integridad física, la libertad sexual... Suponen conductas que producen alteraciones muy graves en la mujer y que entrañan siempre una violencia psíquica.

—Son, además, delitos con unas características propias.

—Es que en nada se parecen estos ilícitos a los demás. En un robo, por ejemplo -del que por cierto nadie duda en principio de su existencia, mientras que en violencia de género sí se pone en duda la palabra de la mujer- víctima y autor suelen ser desconocidos. En violencia de género, sin embargo, la característica principal es que el agresor es la persona que más conoce a la mujer, y hay una serie de sentimientos, puede haber hijos en común... cuestiones que afectan a la conducta de la víctima a lo largo de todo el procedimiento. La mujer está en un mar de dudas, se culpabiliza por conductas de su agresor, de las que indudablemente no tiene culpa porque son un problema de machismo y de discriminación, de trato desigual, pero la mujer no lo ve así. Por eso es necesario reforzarla y prestarle toda la ayuda necesaria cuando da el paso para denunciar. Y es muy importante el cambio de mentalidad en la sociedad, que la mujer, en su entorno social, se sienta arropada. Que no se le trate como una mentirosa, que no se le diga que «algo haría», y otras expresiones de este estilo que en nada ayudan para erradicar estas conductas.

—¿Sigue siendo difícil convencer a muchas mujeres para que den ese paso de denunciar?

—Sí, precisamente por todas esas circunstancias de las que estamos hablando. Y ya no digamos si existen hijos, si hay dependencia económica, si la mujer se siente culpable, si sufre unas conductas de dominación, de sometimiento, de aislamiento, de control... Hay toda una serie de circunstancias que hacen que la mujer dude en denunciar y que a lo largo del procedimiento se encuentre dubitativa. Pero que la víctima dude, que en un momento dado no quiera mantener la denuncia, no tiene que confundirnos. Esto no significa que los hechos no sean ciertos, sino que está relacionado con las circunstancias peculiares que rodean estos ilícitos. En los que por cierto, hay que hacer un gran esfuerzo durante el procedimiento judicial. Porque mientras en otros delitos, por ejemplo el robo del que hablábamos antes, el primer esfuerzo policial es averiguar quién es el ladrón, aquí desde el minuto uno se sabe quién es el autor del delito de violencia de género, por lo que el esfuerzo principal tiene que estar dirigido a reforzar a la mujer desde el primer minuto en que se presenta para denunciar, y asegurar así que haya una prueba suficiente para una condena.

—¿La dificultad probatoria es quizás la principal complicación de estos procedimientos, especialmente si hablamos de violencia psicológica?

 —He de decir que hemos avanzado mucho. Así como hace años era muy difícil conseguir una condena por violencia psicológica, actualmente es cada vez más frecuente. Y aunque evidentemente probar la violencia psicológica es más difícil que la física, también esta última necesita la colaboración de la víctima, porque la mayor parte de estos ilícitos se producen en la intimidad, y aunque haya un parte que dé fe de las lesiones, hay que asegurar que la declaración de la mujer reconozca quién se las ha producido.

Y en el caso de la violencia psicológica, lo que nos encontramos es que muchos supuestos son conductas muy posesivas, que afectan gravemente a la mujer y, por tanto, producen alteraciones en su mente que pueden acreditarse mediante una prueba pericial que muestre cómo le han afectado, si le han causado un trastorno ansioso-depresivo, un trauma... Eso, junto con que muchas conductas posesivas están acreditadas a través de mensajes, redes sociales o grabaciones, permite lograr una condena.

—¿Son necesarios los órganos judiciales especializados?

—Cuando uno va al médico siempre quiere que le atienda un especialista, y si es posible, el mejor especialista. La especialización es necesaria en todas la materias, y en esta más, por las características especiales que presenta este tipo de delincuencia, que requiere que se mire a la mujer de un modo distinto.

—¿Cómo deben ser los profesionales que trabajan en esta materia?

En primer lugar formados. Y formados jurídicamente y en perspectiva de género. Sin esa formación no se pueden analizar bien los hechos. No bastan los conocimientos jurídicos, hace falta una formación más completa, multidisciplinar. Y se requiere gente que sea capaz de empatizar, gente sensible, y con una gran capacidad de trabajo. Las jornadas en los juzgados de violencia de género son agotadoras.

—¿Esa perspectiva de género que reclama se opone a la objetividad?

 —No, nada tiene que ver una cosa con la otra. Decir que un profesional pierde la objetividad necesaria para resolver cualquier asunto porque hace un análisis desde el punto de vista de la perspectiva de género es desconocer qué es la perspectiva de género. Es desconocer que la mujer se encuentra en una situación de desigualdad desde siempre. Es desconocer el comportamiento y las reacciones de la mujer ante una determinada situación. Por lo tanto, es resolver de forma inadecuada el caso judicial, al no operar con esa perspectiva de género. Se trata de comprender y entender la situación de partida, para fallar con justicia los asuntos que se presentan.

—Entonces trabajar con empatía tampoco va en contra de esa objetividad...

—Es que la mujer se encuentra en una situación que necesita ser reforzada, y necesita que ese refuerzo se haga de una manera empática. Si la tratamos de forma inadecuada, si no atendemos y entendemos las circunstancias de lo que relata, mal vamos a entender lo que nos dice. Si no comprendemos por qué se contradice, por qué cambia de opinión sobre denunciar o no, por qué le cuesta contar sus vivencias y cómo ha sido maltratada... si no enfocamos todo eso con empatía, mal servicio vamos a prestar a la justicia. Es en la valoración de todos los elementos probatorios que haya en la causa en donde tenemos que ser objetivos, pero eso no quita que a la mujer haya que tratarla de forma empática, porque está en una situación muy difícil, y si no lo hacemos así no vamos a conseguir nada.

—¿Qué necesidades tiene la justicia especializada en violencia de género?

—Un poco de todo. Necesitamos más formación, que el personal esté formado. Necesitamos más órganos judiciales, al menos en A Coruña yo he planteado la necesidad de otro juzgado de violencia sobre la mujer. También es preciso reforzar los equipos psicosociales de atención y valoración de las víctimas. Están muy sobrecargados de trabajo, dando una respuesta a base de su esfuerzo personal, pero claro, lejana en el tiempo. Entre otras cosas porque no tienen capacidad para hacer los informes con mayor prontitud. Y luego vendría bien una mejora de las instalaciones. Yo llevo tiempo propugnando que hace falta un lugar especializado, que la atención a la mujer y a estos delitos se haga en un lugar diferente al de otros delitos con los que nada tienen que ver, en unas instalaciones judiciales distintas donde esté todo integrado, el juzgado, la fiscalía, el equipo del Imelga... Yo creo que la mujer merece ese trato, y que la cantidad de delitos de los que estamos hablando también justifica ese trato diferencial. Pero claro, ahí nos encontramos con un problema presupuestario.

—Galicia recogerá específicamente en su ley la violencia machista digital. ¿Es la que más ha crecido en los últimos años?

—Eso es una cuestión de avance social. La sociedad cada vez está más digitalizada, y aunque evidentemente las redes sociales son útiles, a través de ellas también se pueda hacer mucho daño. Los agresores en materia de violencia de género utilizan estos medios digitales para amenazar con la publicación de una foto íntima, o con hacer una publicación diciendo que la mujer vende su cuerpo... Quieren mostrar su dominación sobre la mujer y dejarle claro quién la domina. Por eso mientras en otros delitos cometidos a través de Internet suele plantearse un problema de prueba en la autoría, aquí suele ser menos difícil.

—La normativa gallega también ha sido pionera en incluir expresamente la violencia vicaria...

—Ahí tengo que decir que esta fiscalía provincial fue la punta de lanza. En el año 2015, a raíz del asesinato de un menor por su padre, ya entendimos que esa acción había sido cometida para causarle el mayor daño posible a la madre, por lo que se llevó como un caso pionero en España de violencia vicaria, y luego expuse esta problemática en una reunión de fiscales delegados. Y en 2017 ya reconocimos la condición de víctima de violencia de género a una madre porque en el 2012 su pareja había matado a su hijo. Actualmente la violencia vicaria ya está regulada en la ley, pero esta fiscalía provincial ya había propugnado desde antes esa interpretación.

—Otro fenómeno preocupante es la percepción que tienen los jóvenes de la violencia machista...

—Tenemos un problema importante con los jóvenes. Ahora normalizan conductas de control, de vigilancia, «es que si está celoso es que me quiere» te dicen, y no identifican esos patrones de conducta con la violencia. Es importante transmitirles que eso no es así, y hacerles a esas niñas que están siendo objeto de violencia. No sé qué ha pasado en estos años, si se puede decir que hemos retrocedido, pero lo que sí aprecio es que hay entre los menores conductas posesivas de mucha intensidad, y que además son mal interpretadas por las niñas. ¿Tienen que ver en esto las redes sociales, las posibilidades de control que dan los seguimientos por teléfono? Posiblemente. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que la educación en la familia es muy importante para atajar todo esto.

—¿Cuáles son las claves extrajudiciales para combatir la violencia machista?

—Yo reforzaría dos ideas básicas. La primera: que esto se va a resolver a través de la educación en igualdad desde el nacimiento de los niños y niñas, que es una tarea de la familia, del sistema de educación y de la sociedad, que debe rechazar los comportamientos desiguales, los estereotipos, y no hacer chanzas de los mismos. Y la segunda cuestión es insistir en la necesidad de que la mujer se vea apoyada socialmente. En mi opinión, las instituciones le dan apoyo, los que trabajamos en esta materia intentamos hacerlo lo mejor posible, pero observo una carencia en el tratamiento social. Se pone en duda lo que dice la mujer, se dice que presenta denuncias falsas, cuando no es así, porcentualmente son un mínimo, no han llegado al 1 % en el año en que más hubo, pero hay sectores sociales que están machacando con esta idea de que todo son denuncias falsas. Yo les sugeriría que pasaran unas mañanas por los juzgados de violencia sobre la mujer para que vieran con sus propios ojos lo que allí pasa y cómo llegan las mujeres al juzgado.

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