La Lei do ciclo da auga avanza en el Parlamento pese a las duras críticas de la oposición
GALICIA
La conselleira de Infraestruturas dice que es un plan voluntario para evitar que los concellos gasten «millonadas» en un saneamiento que no funciona
26 abr 2022 . Actualizado a las 16:31 h.La Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga seguirá su tramitación parlamentaria para entrar en vigor previsiblemente el próximo verano tras no prosperar las enmiendas a la totalidad de una oposición que se mostró muy crítica con una norma que, a su juicio, supone una subida «indiscriminada» de los impuestos en el recibo que tramitan los ayuntamientos.
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, defendió desde la tribuna de oradores del hemiciclo un proyecto que busca que las obras relacionadas con la distribución y saneamiento del agua, que es una competencia municipal «funcionen ben» y que las entidades locales «non gasten millonadas en actuacións se non funcionan a pleno rendemento. É unha norma útil e é voluntaria», insistió la dirigente autonómica, reforzando la idea de que se sumarán a la llamada Sogama del agua aquellos concellos que quieran colaborar junto a la Xunta y las diputaciones provinciales y evitar así algunos de los problemas detectados a lo largo de la geografía gallega, como los sistemas de depuración que están apagados o los vertidos industriales en redes municipales sin pretratamiento. «A metade das depuradoras municipais desempeñan as súas funcións de modo ineficiente», recordó la conselleira, indicando que estos problemas generan excesos en los consumos y fugas en las redes que en el algún ayuntamiento alcanza el 40 % del total del caudal.
Según Vázquez, la ley, que ha pasado ya el trámite de exposición pública y la aprobación por parte del Consello da Xunta, busca la coordinación de todas las administraciones implicadas para mejorar la prestación de los servicios con el objetivo de que todos los municipios ofrezcan tarifas igualitarias con independencia de factores como la dispersión o la orografía. Ese marco normativo tratará de blindar la calidad y la eficiencia en la explotación de las infraestructuras hidráulicas, así como la viabilidad de las instalaciones. «Tan importante é contar coas infraestruturas como xestionalas ben», dijo antes de explicar que uno de los objetivos de Augas de Galicia será poner a disposición de los alcaldes un modelo de gestión del agua centralizada y profesionalizada.
En clave política, la conselleira lamentó que «algunha» de las diputaciones provinciales (las gobernadas por el PSOE y el BNG) no hayan querido colaborar con el proyecto asumiendo un tercio de los costes de las obras «pese ao deber legal de apoiar aos concellos de menos de 20.000 habitantes». Y resumió así los objetivos de la ley: «A xestión da auga é cara, ingrata e complexa, e nós queremos axudar aos concellos que queiran».
El «sablazo»
El BNG, que desde los primeros momentos de esta iniciativa habló del «sablazo» del agua, insistió en esa tesis lamentando que el presidente de la Xunta se vaya a despedir del Parlamento con una ley que sube impuestos mediante «extorsión» a los ayuntamientos mientras reclama en Madrid rebajas fiscales. El diputado Luís Bará cuestionó el plan de inversiones que lleva aparejada la ley porque puede dejar en la «bancarrota» a unas entidades locales con unas finanzas muy justas, por lo que reclamó un cambio radical en sus parámetros: «Cando rectifican, acertan», reprochó el nacionalista.
La socialista Begoña Rodríguez Rumbo centró sus críticas a la ley negando la mayor, ya que considera el PSdeG que la Xunta se dispone a gestionar con ella cuestiones relacionadas con el ciclo del agua en la que la Administración autonómica sí tiene competencias, por lo que no cabe responsabilizar en exclusiva a los ayuntamientos. Para sostener su tesis, puso como ejemplo las multas recibidas de Europa por deficiencias en saneamiento.
Por parte del grupo popular, Diego Calvo acusó al BNG y al PSdeG de acudir al debate sin leer la ley, y negó con rotundidad que esta iniciativa «voluntaria» vaya a suponer una subida de tasas, sino una reordenación de las mismas que no tiene que suponer un mayor importe para los ciudadanos. Al contrario, señaló dos ayuntamientos gobernados por los nacionalistas (Carballo y Tomiño) en los que sí aumentaron las tasas relacionadas con el agua, según el diputado del PPdeG, que retó a sus adversarios a vaticinar cuántos de los 28 concellos gallegos que tienen cedida esta gestión a la Xunta «van a asumir agora esta responsabilidade».