La valedora do pobo reprocha a Jácome que bloquee a los ciudadanos en las redes sociales, y él se niega a rectificar

Miguel Ascón Belver
miguel ascón OURENSE / LA VOZ

GALICIA

Gonzalo Pérez Jácome, durante un pleno del Concello de Ourense.
Gonzalo Pérez Jácome, durante un pleno del Concello de Ourense. Santi M. Amil

El alcalde de Ourense asegura que se trata de cuentas privadas

23 ago 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando aún era presidente de Estados Unidos, una sentencia obligó a Donald Trump a readmitir a los usuarios de Twitter a los que había bloqueado. El fallo entendía que, si los cargos electos utilizan sus redes sociales para difundir mensajes políticos, los ciudadanos deben poder hacerles llegar sus críticas o, de otro modo, se violaría su libertad de expresión. Algo así es lo que le viene a decir la valedora do pobo, María Dolores Fernández Galiño, al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. En su respuesta a la queja presentada por uno de los muchos ourensanos a los que el regidor tiene bloqueados, esa institución ha emitido una recomendación oficial en ese sentido. Sin embargo, Jácome ya ha avisado de que no piensa rectificar.

La reclamación concreta que llegó al Valedor do Pobo se refería al bloqueo del afectado en Twitter por parte tanto del alcalde como de su partido. La institución dirigida por Fernández Galiño pidió información al Ayuntamiento, que respondió pidiendo el archivo del expediente por tratarse de perfiles privados «do partido político Democracia Ourensana e da persoa física Gonzalo Pérez Jácome».

Tras analizar el caso, la conclusión a la que llega la valedora es muy diferente. Hace referencia a sentencias en el ámbito internacional que concluyen —como la citada de Donald Trump— que los políticos no pueden bloquear a los ciudadanos en sus perfiles si los utilizan para publicar información relacionada con su cargo. «Debemos recoñecer que na sociedade das novas tecnoloxías as redes sociais teñen, no ámbito da Administración pública, un amplo percorrido e poden e deben converterse nunha ferramenta de comunicación e participación, e incluíndo nestes termos ás contas que, sen pertencer a unha Administración pública, conteñan información de carácter institucional», dice la sugerencia firmada por Fernández Galiño, que remarca que Jácome utiliza sus cuentas personales para publicar información relacionada con su actividad como alcalde. Concluye, por lo tanto, instándole a rectificar «en aras da libre participación dos cidadáns nos asuntos públicos».

El alcalde y el denunciante

Fue el propio alcalde el que, utilizando exclusivamente sus redes sociales, informó del dictamen emitido por el Valedor do Pobo. Allí es donde publicó la respuesta que ayer mismo le remitió. Básicamente, el alcalde se niega a rectificar e insiste en que se trata de perfiles privados. «O feito de que as contas de redes sociais estean abertas ao público en xeral non impide que sigan a ser espazos privados de comunicación xestionados polo titular da súa conta», argumenta el alcalde, que se pregunta si las mismas exigencias que le traslada la valedora do pobo deberían aplicarse a todos los perfiles que usan los partidos políticos. Además, dice que la sentencia que obligó a Trump a desbloquear a los usuarios de Twitter no es de aplicación en España.

El denunciante que llevó el caso al Valedor do Pobo, un joven ourensano que prefiere no revelar su identidad, dice que se quejó porque «á marxe das ideas de cada un, a representación pública exércese (ou debería exercerse) doutra maneira». La negativa de Jácome a atender la sugerencia no le sorprende y, de hecho, afirma que ayer mismo lo bloqueó también en Facebook.