Utiliza las leyes de acompañamiento, una práctica legal pero de la que se «abusa» de forma «antidemocrática», según denuncia la oposición
22 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Las leyes tienen un recorrido muy largo en el Parlamento para que terminen siéndolo. Normalmente se acuerdan en el Consello de la Xunta, se debaten después en comisiones, los grupos presentan enmiendas, estas se discuten de nuevo en el pleno y, así, hasta que pasen meses para su votación y posterior aprobación. Pero el sistema muestra facilidades para evaporar el tedioso trámite administrativo. Cada proyecto de Presupostos va de la mano, y de ahí su nombre, por las leyes de acompañamiento: la Lei de medidas fiscais e administrativas. Es un instrumento legal, amparado por el Tribunal Constitucional, donde se modifican leyes y decretos de forma automática con la aprobación de las cuentas, saltándose el debate parlamentario. Por esta letra pequeña de los presupuestos, la Xunta hizo cerca de 250 modificaciones de leyes en la última década.
«É unha extralimitación absoluta e crecente por parte da Xunta», denuncia Luis Álvarez, portavoz de los socialistas en la Cámara. Tanto PSdeG como BNG presentaron enmiendas a la totalidad para su devolución, que fueron rechazadas por el PP este lunes.
Para el próximo año se reescriben unas 35, algunas en vigor desde hace escasos meses. Es el caso de la Lei de residuos e solos contaminados, aprobada este año, o la Lei de simplificación administrativa que, igual que la de recuperación da terra agraria, apenas llegan a los dos años. «Hai outras que superan ou camiñan cara a decena de retoques lexislativos», continúa el diputado, señalando a la Lei do solo de Galicia, del 2016, con diez modificaciones desde entonces, a la que se suma la undécima para el próximo año.
Inseguridad jurídica
Olalla Rodil tuvo este lunes poco más de media hora para argumentar el rechazo del BNG a las leyes de acompañamiento. «En realidade son 35 debates ao mesmo tempo», lamenta la viceportavoz nacionalista, que critica también el «absoluto abuso» de la Xunta con este atajo que la normativa le permite tomar. «Son legais», reconoce, pero avisa de que deben usarse con carácter «excepcional», como puede ser la actualización de la risga o del complemento de las pensiones no contributivas que contempla el texto de este año. Pero Rodil denuncia que el Gobierno gallego ha ido mucho más allá en los últimos años.
«Deberían estar motivadas pola necesidade de modificar algunha norma para aplicar os Orzamentos. Pero non son pequenos detalles, acaban sendo lexislación básica», expone. El mismo razonamiento emplea el portavoz socialista, que renombra a las leyes de acompañamiento como «lei ómnibus ou paraugas» para modificar «un montón de preceptos legais sen pasar polo debate parlamentario».
La número dos del Bloque en la Cámara advierte además sobre la «inseguridade xurídica» que plantean estos cambios. Cifra en 48 los artículos que se modifican, por ejemplo, en el decreto sobre la Red Natura. «É derrogar de facto ese decreto sen seguir ningún procedemento habitual», añade Rodil, que explica que aunque los decretos son potestad de la Xunta, estos se ponen a disposición pública para su debate.
«Máis alá da opinión política, que para min é antidemocrática, modifica normas que vai ter que cumprir calquera cidadán», afirma la diputada sobre alteraciones que afectan a la movilidad, la política forestal y antiincendios o la vivienda. Entiende Luis Álvarez que estas 250 leyes modificadas desde el 2013 «evidencian a necesidade permanente» de la Xunta por modificar sus textos legales. Para la viceportavoz del BNG, «son chapuzas», el resultado de que el PP «nin fale nin escoite a ninguén». «Non aceptan aportacións dende fóra, o que fan é lexislar a impulsos. Moitas veces son ocorrencias e logo modifican por esta porta de atrás, enméndanse a si mesmos», reprocha.
La oposición también denuncia que, además de hurtar a la Cámara del debate, las actualizaciones no vienen acompañadas de los informes necesarios desde las distintas consellerías para justificar los cambios propuestos.
Adaptar normativa estatal
El PP recuerda que el Tribunal Constitucional exige la inclusión de la Lei de medidas fiscais e administrativas siempre que se produzcan modificaciones tributarias, como este año con la nueva bonificación al impuesto sobre el patrimonio o la deflactación en el IRPF. Otro argumento para su uso es la agilidad con la que permite ajustar la normativa autonómica a la estatal, además de incorporar «novas necesidades ou acontecementos», poniendo como ejemplo la lucha contra los incendios de nueva generación que sufrió Galicia este verano.
