La asociación mayoritaria de jueces decide a última hora sumarse al aplazamiento de la huelga prevista para el martes

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura, a la salida de la reunión del miércoles con el Gobierno.
Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura, a la salida de la reunión del miércoles con el Gobierno. Kiko Huesca | EFE

Apoya la decisión de las demás asociaciones para poder negociar con el Gobierno, aunque no pone fecha para la nueva convocatoria del paro

11 may 2023 . Actualizado a las 23:34 h.

Tras la reunión del viernes con el Gobierno, la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales decidieron retrasar el inicio de la huelga que estaba convocada para el próximo martes, día 16, para poder tener más tiempo para negociar la subida de sus salarios. Solo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, mostró sus dudas y hasta este jueves por la tarde no tomó la decisión de respaldar la suspensión adoptada previamente por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). De todas formas, la APM no puso una fecha de nueva convocatoria, como sí hicieron las demás, que fijaron el 22 de mayo para iniciar el paro si no se llega a un acuerdo con los representantes de los ministerios de Justicia y de Hacienda.  

Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) ya se desmarcaron de las demás durante la reunión con el Gobierno, ya que están a favor de aceptar la última propuesta ministerial, que ofrece un aumento de 46 millones de euros. Eso supone una subida de sueldo de entre 350 y 500 euros brutos al mes para los ocho mil jueces y fiscales que ejercen en España. 

El Gobierno ya emplazó a jueces y fiscales a un nuevo encuentro el próximo martes, día para el que estaba previsto el inicio de la huelga. Antes, los ministerios de Justicia y de Hacienda trasladarán a las asociaciones su «propuesta definitiva», que incluirá aspectos de la mesa de retribuciones que quedan abiertos a negociaciones futuras y que servirán para avanzar en asuntos como trienios, cargas de trabajo salud laboral, carrera profesional, guardias, retribuciones variables, grupos de población y complemento de carrera, según fuentes de JJpD.

Fuentes de las asociaciones judiciales aseguran que su capacidad adquisitiva disminuyó un 20 % de media desde el año 2004, mientras que la oferta del Gobierno supondría un incremento de algo más del 6 % en tres años. Los salarios de jueces y fiscales oscilan entre los 52.000 y los 131.000 euros brutos al año, aunque varían mucho en función de los destinos y de los tipos de órganos judiciales en los que trabajan.

Si finalmente no hubiese acuerdo, la de los jueces y fiscales sería la tercera huelga a la que se enfrenta en lo que va de año la ministra Pilar Llop, después de la de los letrados judiciales, que duró dos meses, y la de los funcionarios de los cuerpos generales y especiales, que han convocado paros totales en plena precampaña electoral.