Jueces y fiscales confían en que el Gobierno mejore la oferta de subida de sueldos tras haber aplazado la huelga
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GALICIA

El Ejecutivo hizo una propuesta de 46,7 millones de euros, lo que supondría un aumento de sueldo de entre 350 y 500 euros brutos al mes para cada juez y fiscal
12 may 2023 . Actualizado a las 22:22 h.«Hemos entendido necesario no comenzar la huelga el día 16, y ello a fin de poder seguir dialogando en aras a conseguir el mejor acuerdo posible que, de forma definitiva, nos permita desconvocar dicha huelga». Así explican las cinco asociaciones que promueven la huelga los motivos por los que han decidido aplazar el paro que tenían previsto iniciar el próximo martes, día 16. Son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que apuesta por hacer una huelga indefinida si no hay acuerdo con el Gobierno.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ya se desmarcaron de la huelga desde el principio. Incluso en la última reunión con el Gobierno, el pasado viernes, decidieron aceptar la propuesta de los ministerios de Justicia y de Hacienda. Esa última oferta es de 46,7 millones de euros, lo que supondría un aumento de entre 350 y 500 euros brutos al mes para jueces y fiscales en función de sus destinos y complementos.
La próxima reunión con el Gobierno será el martes, justo el día que iba a empezar la huelga. El Ejecutivo ya anunció que la última propuesta que hizo es la que considera razonable y por ahora no se mueve de ahí. Sin embargo, las cinco asociaciones que amenazan con el paro indefinido confían en que haya una nueva propuesta económica. La APM, la asociación mayoritaria de jueces, asegura que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, pidió que se suspendiese la huelga a cambio de hacer una nueva reunión de la mesa de retribuciones «y presentar, además, una nueva oferta».
Precisamente, la APM fue la asociación más reticente al aplazamiento de la huelga. De hecho, no lo decidió hasta el jueves por la tarde después de una reunión de varias horas de los miembros de su ejecutiva, y advirtió que lo hace «como gesto de buena voluntad». Desde esta asociación entienden que la oferta del Gobierno es insuficiente y que es necesario avanzar en otros temas como la adecuación de los grupos de población, el incremento del pago de los trienios y de las guardias, así como en otras cuestiones que afectan a la propia estructura de sus retribuciones.
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria explican que hasta ahora las negociaciones en la mesa de retribuciones «no han dado sus frutos», pero reconocen que se han celebrado ya tres encuentros con el Gobierno de un órgano de negociación «que ha permanecido inerte durante más de una década». Por eso han decidido «ampliar el margen de negociación durante unos días».