Llegan a 34.000 euros y también tienen paga cónyuges de políticos fallecidos
13 ago 2023 . Actualizado a las 08:49 h.Congreso y Senado destinan al año 2,65 millones de euros a pagar pensiones y ayudas a exmiembros de ambas cámaras y a cónyuges viudos de antiguos parlamentarios. Dichas partidas, que ascienden a 10,6 millones de euros en una legislatura completa, forman parte del plan de protección social de los diputados y senadores que existía hasta que en el 2011, debido a la crisis económicas, se extinguieron dichas pensiones salvo para aquellos que ya tenían derecho a percibirlas antes de esa fecha.
Son en total 222 los beneficiados. Y 120 de ellos reciben pensiones parlamentarias mensuales de por vida que llegan hasta a 3.569 euros como es el caso de Jaime Ignacio del Burgo y Pablo Castellano. O de 2.067 como en el de Cristina Almeida. Otros 39 exdiputados y exsenadores reciben un complemento a sus ingresos particulares, que también se extiende a 63 viudas y viudos de políticos y alcanzan los 2.061 euros.
De los más de dos centenares de beneficiados por dichas prestaciones, trece fueron elegidos en comicios generales en Galicia. Las pensiones mensuales se reparten entre los populares Jesús Manuel Pérez Corgos (34.258 euros al año), Antonio Pillado Montero (15.822), Isaac Vila Rodríguez (8.908), César Mera Rodríguez (1.990) y José Rivas Fontán (696); los socialistas, Carmen Marón (9.125), Antonio Rodríguez (4.480) e Isidoro Gracia Plaza (2.835), y el nacionalista Guillerme Vázquez (3.327). Otros cuatro exparlamentarios gallegos ingresan complementos: Margarita López Pardo (22.175 euros al año) y Lucita Villar Jar (8.291), ambas del PP, y los socialistas Agustín Vega Fuente (14.461) y Enrique Teixeiro Sanjuán (9.007).
Las pensiones fueron aprobadas en el 2006 para equipararse a la medias de los países del entorno, cubriendo la diferencia entre lo que perciben por sus cotizaciones y el retiro máximo legal. Dicha prestación se eliminó en el 2011, cuando se empezaron a ver con lupa las prerrogativas de la clase política y comenzó a aplicarse el principio de transparencia al gasto público. El único requisito que debía de cumplirse para recibirla era haber ocupado un escaño durante al menos 7 años. Los que habían ocupado un escaño más de 11 años recibían el tope que bajaba un 10 % en el caso de los que lo habían hecho nueve años, y llegaba al 80 % para los que acumulaban entre siete y nueve años de mandato.
También se ha eliminado el pago de la cotización a la Seguridad Social de los electos mayores de 55 años que no tuvieran trabajo al dejar la política y del 70 % de una paga parlamentaria hasta completar la cotización necesaria para la jubilación.
«Evidente prcariedad»
Desde 1987 y hasta el 2011 se habilitó la ayuda para atender los casos de «evidente precariedad», complemento que se continúa pagando a los que la llegaron a percibir o a sus viudos y viudas atendiendo a cada situación personal, que es la que define un importe que puede superar los 2.000 euros al mes. Lo que se mantiene es el derecho a percibir indemnización por cese cuando se disuelven las cámaras y que se gradúa en función de los años como cargo electo. Es de una mensualidad por cada año de mandato hasta un máximo de 24. La asignación constitucional es ahora de 3.174 euros al mes. Se suspende si se vuelve a ser elegido o se recibe algún otro sueldo y no puede cobrarse si ocupa el escaño menos de dos años. A todos los diputados y senadores las cámaras les suscribe un plan de pensiones con aportaciones equivalentes a un 10 % de la asignación básica (317 euros por tanto al mes y 3.808 al año).