Santórum se arriesga en marzo a su primera condena de narcotráfico por el mayor alijo de la pandemia

Javier Romero Doniz
Javier Romero VILAGARCÍA / LA VOZ

GALICIA

Juan Carlos Santórum, en una imagen de archivo durante un juicio por el que fue condenado a dos años de cárcel por sobornar a guardias civiles
Juan Carlos Santórum, en una imagen de archivo durante un juicio por el que fue condenado a dos años de cárcel por sobornar a guardias civiles Cedida

Las 3,8 toneladas de cocaína del MV Karar llegan a juicio tras un paradójico proceso y con los principales acusados en libertad

26 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

Denominada Pantín-Donky, la operación que el Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio de Vigilancia Aduanera desplegaron en abril del 2020 atajó el segundo y mayor alijo de cocaína que se aproximó a las costas de Galicia cuando la pandemia del coronavirus daba todavía sus primeros compases. 3.824 kilogramos de material viajaban en las tripas del remolcador MV Karar cuando las fuerzas de seguridad cayeron sobre él en alta mar, impidiendo que fuesen recogidas por cuatro planeadoras a unas sesenta millas de su destino. La tripulación, conformada por una decena de ciudadanos nepalíes y bangladesíes, y un gallego de Bueu, fue detenida de inmediato. En tierra fueron arrestadas otras quince personas. La Fiscalía Antidroga sitúa al frente de la organización receptora a Juan Carlos Santórum Navaza (Vilanova de Arousa, 1980), quien, pese a su reputación en el negocio, nunca ha sido condenado por narcotráfico. A partir del 20 de marzo, el arousano se sentará en el banquillo, junto al resto de la treintena de acusados, para enfrentar una petición de 18 años de cárcel.

La apertura de la vista oral llegará cuatro años después de que el MV Karar fuese interceptado en su navegación transoceánica desde Colombia. Justo a tiempo para evitar que los miembros asiáticos de la tripulación tengan que ser liberados por delación indebida. Porque, y en este punto reside la primera de las varias paradojas que rodean este proceso, ellos son los únicos que han permanecido entre rejas desde abril del 2020.

Cuando el remolcador tocó el puerto de Vigo tras su abordaje y la cocaína fue descargada, fuentes oficiales no dudaron en colocar la red que había caído en Galicia en lo más alto del podio de las organizaciones de lancheros de las rías. Pese a tan elevada consideración, todos sus integrantes fueron puestos en libertad a los pocos días. La Audiencia Provincial de Pontevedra aceptaba los recursos interpuestos por sus abogados y entendía que el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo que los había llevado a prisión no estaba lo suficientemente justificado.

 

La única excepción fue el propio Santórum, por la sencilla razón de que no había sido detenido. El presunto y avezado narco se fugó a lomos de una moto de su vivienda en Vilanova, burlando el cerco policial que se disponía a echarle el guante. No se entregó hasta meses después, cuando él mismo calculó que era el momento idóneo para hacerlo y cumplir la condena de dos años que sí tenía pendiente. No por narcotráfico, sino por haber corrompido a dos guardias civiles especializados en la materia.

Huida en moto en Vilanova

Aquella huida encierra sus propios enigmas. Obviamente, supo que iba a ser apresado con tiempo suficiente para poder ahuecar el ala. También conocía que el Karar acababa de ser abordado en alta mar, cuando era información poco menos que reservada.

Lo que parece claro es que, tras regresar a la calle, esta gente en absoluto perdió el tiempo. Cumplida aquella pena por un delito de revelación de secretos, el propio Santórum acaba de ser relacionado en octubre con el decomiso de cuatro kilogramos de cocaína en O Milladoiro, y con una trama que traficaba con polvo blanco entre las Rías Baixas y Asturias, y cayó en noviembre. En ambos casos eludió la cárcel.

Echar un vistazo a la segunda línea del Karar no resulta menos elocuente. Su amigo Braulio Vázquez, considerado durante mucho tiempo la mano derecha de Santórum Navazas y uno de los principales objetivos de la lucha antidroga en Galicia, fue sentenciado en septiembre a nueve años por el envío de cocaína a Barcelona en automóviles y paquetes de kilo. Es su primera condena por narcotráfico.

Ismael Cores, al que recientemente perdió su facundia por teléfono y cantó La Traviata sin percatarse de que sus conversaciones estaban siendo grabadas en el contexto de la investigación de Asturias, figura en la Pantín-Donky como un simple subalterno. Sin embargo, se le atribuye un papel nuclear en el entramado asturiano, con Santórum este vez a sus órdenes. En la casa de sus padres, en Ribadumia, los agentes descubrieron millón y medio de euros enterrados bajo una viña, aderezados con 60 kilos de cocaína en una furgoneta.

No faltan, por lo tanto, incógnitas que despejar con la vista puesta en el juicio de marzo. Incluso en el agua. A la misma red se le atribuían otros dos alijos. La cocaína habría cruzado el Atlántico en dos buques que fueron abordados en Canarias y el Estrecho. No se halló un solo gramo.

El papel creciente del aduanero de Vilagarcía y de su esposa

Una derivada de la operación Pantín-Donky relacionada con Vilagarcía, que en un principio parecía recorrer un camino secundario, ha ido ganando importancia a medida que avanzaba la investigación. Se trata del papel que un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera destinado en la ciudad pudo desempeñar en el entramado que, según la Fiscalía, capitaneaba el vilanovés Juan Carlos Santórum.

P. S. V. (son sus iniciales) y su esposa, profesora, fueron detenidos en Madrid, poco después de que René Robledo, un ciudadano colombiano, hubiese introducido una bolsa con 368.000 euros en el automóvil del aduanero. La Agencia Tributaria había comprobado que la pareja disfrutaba de un nivel de vida desproporcionado, alimentado por una teórica función de correo, que aprovechaba su condición de funcionario del SVA para viajar sin despertar sospechas.

El registro de la vivienda que el matrimonio habitaba en Renza, un chalé de buenas dimensiones, cambió la perspectiva de los investigadores. Además de un centenar de zapatos, la pareja poseía trece tarjetas para teléfonos encriptados, tres aparatos encriptados, uno satelital y documentación que compromete a un segundo aduanero, con plaza en Vigo, de mayor rango que él. La policía lo contempla, ahora, como el hombre de confianza que recogía los beneficios de los alijos en España, responsable no solo de las comunicaciones, sino también de la interlocución en Madrid con los proveedores colombianos de la cocaína.