El BNG quiere que el Parlamento gallego investigue la prórroga de la AP-9 y el PP lo tacha de disparate
GALICIA
Los populares recuerdan que la vía es del Estado y la cámara no puede obligar a comparecer a los implicados. El PSdeG pide la gratuidad de las vías de la Xunta después de que el Gobierno rechace liberar la autopista
20 jun 2024 . Actualizado a las 19:49 h.El BNG solicitará la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre la «privatización e ampliación da concesión» de la autopista AP-9. La portavoz nacionalista, Ana Pontón, afirmó que hay «demasiadas zonas de sombra» en ambos procesos sobre las que se deberían depurar responsabilidades políticas y hacer pública «a verdade».
Pontón recordó que la Comisión Europea ha considerado ilegal la concesión de la prórroga hasta el 2048 y ha desvelado que el Gobierno de José María Aznar (PP) planeaba ya en 1999 la «privatización de Audasa», un proceso en el que la prórroga sería «mecanismo máis para aumentar o seu valor de mercado».
Pontón consideró «un escándalo» que el PP hiciera pagar más peajes a los gallegos para «favorecer o negocio e a especulación en torno a unha infraestrutura viaria básica». Por lo tanto reclamó al PPdeG que «non vete o dereito dos galegos» a saber la verdad sobre el «negocio ruinoso» que supuso la privatización para el Estado.
Sobre ese extremo, recordó que en su momento esa operación, que incluyó a otras dos autopistas, aportó 1.500 millones de euros, cuando ahora el Gobierno cifra el rescate solo de la AP-9 entre los 4.000 y los 6.000 millones de euros «dependendo do día», ironizó Pontón aludiendo a las distintas cifras facilitadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El PPdeG consideró la iniciativa «un disparate» y una «cortina de fume» después de una «semana moi dura» para el Bloque en la que el Gobierno central confirmó que «non vai cumprir nada» de los acuerdos firmados entre los nacionalistas y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
Los populares recordaron que la AP-9 es una vía estatal y la prórroga de su concesión fue tramitada por el Gobierno central y ahora está siendo investigada por la Comisión Europea. La cámara gallega no tiene la documentación de esos trámites ni tiene la capacidad para obligar a su remisión o a la comparecencia de los implicados, recordaron desde el PP. Incluso aunque se superasen esos obstáculos y se llegase a una conclusión, el Parlamento gallego no podría imponerla a la concesionaria, porque depende del Estado.
También el PSdeG entró hoy jueves en la polémica de los peajes. Su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, exigió a la Xunta la gratuidad de las autovías AG-55 (A Coruña-Carballo) y AG-57 (Puxeiros-Val Miñor) y anunció que llevará al Parlamento gallego una iniciativa en esa línea la semana que viene.
Besteiro recordó que en Galicia hay cuatro vías de pago las dos citadas de titularidad autonómica y dos que dependen del Estado, la AP-9 y la AP-53. Consideró que «se pedimos a gratuidade para a AP-9 e para a AP-53, o lóxico é que tamén a pidamos para a AG-55 e a AG-57», con el fin de evitar que haya «galegos de primeira e galegos de segunda».
Los socialistas señalaron que un trabajador que viaja a diario entre Carballo y A Coruña paga más de 600 euros al año por usar la AG-55, de ahí que soliciten la gratuidad. Además, acusaron al PP y al BNG de votar en contra de los descuentos en los peajes de las vías estatales, aunque en las autovías de la Xunta se aplican rebajas menores, de solo el 25 % en los viajes de vuelta.
Los populares consideraron una ironía que el PSdeG exija la gratuidad de las dos vías autonómicas, que están entre «as máis baratas» de todo el país, después de haber prometido la gratuidad de la AP-9 y la AP-53, que es de las más caras, en la campaña de las autonómicas y de que el ministro Óscar Puente haya desmentido ese compromiso.