Rescatar la AP-9 costaría 2.355 millones, según la Xunta, casi la mitad de lo estimado por Óscar Puente
GALICIA
El Gobierno gallego calcula que transferir la autopista a Galicia le supondría al Estado otros 526 millones y no los hasta 2.600 con los que el ministro descartó la operación
05 sep 2024 . Actualizado a las 21:08 h.El punto de encuentro entre el Gobierno central y la Xunta respecto a la autopista AP-9 sigue siendo imposible. Miles de millones de euros separan el resultado del cálculo que ambas administraciones mantienen que costaría rescatar la concesión del vial, eliminar de una vez sus peajes y transferir su titularidad a la Administración gallega. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, cifró hoy en un máximo de 2.882 millones de euros el precio que habría que abonar a Audasa para zanjar su negocio 24 años antes de su conclusión y que el vial pase a depender de la Xunta, aunque asumiendo el Gobierno central el coste de la conservación de la autopista y las obras pendientes hasta el año 2048.
La cifra, calculada por una empresa especializada contratada en junio por la Xunta difiere a la baja en hasta 3.717,9 millones de euros de la indicada el mismo mes en Lugo por el ministro de Transportes, Óscar Puente. El político socialista había cifrado entonces en 4.000 millones de euros el precio que tendría rescatar la concesión, elevando incluso en cientos de millones una cantidad señalada anteriormente por él, y en entre otros 1.260 y 2.600 millones de euros la transferencia de la AP-9 a la Xunta. Es decir 6.600 millones de euros de Puente frente a los 2.882 millones que mantiene el estudio desvelado por Martínez Allegue.
La conselleira justificó la contratación del estudio para contar con una impresión «independente» del coste de la transferencia de la autopista a Galicia reclamada por unanimidad en cuatro ocasiones por el Parlamento gallego, y ahora de nuevo en fase inicial de debate en el Congreso de los Diputados, así como contar también con una estimación monetaria del precio que tendría el rescate de la concesión. España corre peligro de tener que asumir esta última circunstancia, tras considerar de manera reiterada la Comisión Europea que la prórroga de 25 años otorgada por el Gobierno de José María Aznar a Audasa vulneró la normativa europea de transparencia e igualdad de oportunidades al no haber podido concurrir ningún ofertante más que el conglomerado que ya explotaba entonces el negocio de la autopista.
El estudio pormenorizado por la conselleira destaca que frente los hasta 2.600 millones de euros que el ministro de Transportes afirmó que costaría el traspaso de la titularidad de la AP-9 a Galicia, tendría en realidad una repercusión de 526,5 millones de euros. Y la compensación a Audasa por verse privado antes de tiempo de su negocio -según la última prórroga-, cubrir su deuda, e incluso sumar nuevas bonificaciones de los peajes a las ya existentes (para familias numerosas o tarifas reducidas por las noches, todas ellas pagadas desde las arcas estatales), no pasaría de 1.676 millones de euros, en lugar de los hasta 4.000 millones a lo que lo elevó Óscar Puente.
Martínez Allegue señaló que el estudio presentado hoy se encargó debido al «baile de cifras» que achacó al Ministerio de Transportes en sus cálculos respecto a la transferencia y traspaso a Galicia de la AP-9, y el silencio con el que ha sellado el razonamiento de sus cálculos. Los técnicos de Transportes ya habían elevado a 4.300 millones de euros el baremo para el rescate durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Pastor como ministra.
La Xunta alega en respaldo a su creencia de que el rescate es asumible, que con dicha decisión la Administración central, en realidad, se estaría ahorrando las bonificaciones y rebajas en los peajes que deberá pagar hasta el año 2048, el peaje en sombra que afronta en Rande y A Barcala, y el porcentaje asumido también desde Madrid de las últimas subidas en los peajes para minimizar el elevado coste que tendría haber trasladado todo el incremento de tarifas al que ha empujado la inflación de los últimos ejercicios.
La conselleira incidió en que los gallegos «merecemos unha resposta clara sobre unha vía fundamental e vertebradora» para Galicia, añadiendo que la transferencia y rescate de la autopista «e un asunto crucial», así como colocó en el campo de la voluntad política el traspaso de la AP-9 a la Xunta, y no una cuestión económica, como apuntó se excusa el ministro Puente.
«A Xunta demanda a transferencia», dijo, pero recordó respecto al rescate de la concesión que el PSdeG prometió en la campaña de las elecciones autonómicas la gratuidad de la autopista, así como el BNG también anunció nuevos descuentos para los usuarios frecuentes.
El Ministerio de Transportes respondió con un «nada que decir» al estudio hecho para la Xunta. En todo caso, el ministro será interpelado el martes en la Cámara Alta por la senadora del BNG, Carme da Silva, para preguntarle qué decisión tomará respecto a la concesión de la AP-9. El BNG registró ayer en el Senado una petición al Ministerio de Transportes para que le sea facilitada una copia del estudio hecho para la Xunta, que la conselleira tenía previsto remitir por la tarde a Óscar Puente.
Transferir la autopista: 1.675 millones a pagar por Madrid
La AP-9 tiene más posibilidades de ser transferida a la Administración gallega que de ser rescatada y liberada de peajes. De hecho, el traspaso a la Xunta tiene antecedentes tanto en Cataluña como en el País Vasco. Pero no por ello se antoja ni fácil ni tampoco exenta de costes.
El estudio elaborado por la consultora Eptisa detalla cuánto se gasta la Administración central para cubrir las bonificaciones y descuentos que se aplican a los usuarios frecuentes que dispongan de telepeaje. El año pasado fueron 58,5 millones (36,7 millones en la gratuidad del retorno en menos de 24 horas; los peajes en sombra asumidos en Rande y A Barcala, y 9,2 millones pagados para contener la notable subida que a causa de la inflación tuvieron las tarifas el año pasado). Continuar con esas bonificaciones hasta el año 2048 y asumir por completo la subida extra del 1 % dispuesta para pagar a Audasa las obras de ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago, le seguiría costando al Estado 1.149,3 millones, si no se rescata la concesión.
La Xunta estima que ese gasto ya está comprometido por el ministerio, con lo que da por hecho que lo seguiría afrontando aunque traspase la AP-9 a Galicia. Pero aún habría más.
El Congreso tiene encima de la mesa, por cuarta vez, la propuesta unánime del Parlamento de Galicia de transferencia de la AP-9 a la Xunta, pero esta vez con más bonificaciones de las existentes. En concreto, las pensadas para rebajar la factura en peajes de las familias numerosas o la de quien circule por la autopista por las noches. También se recuerda el compromiso del Gobierno con el BNG a cambio de su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez, y que supondría rebajar a la mitad la factura mensual a quien haga el mismo tramo al menos 20 veces al mes.
Estas últimas tres bonificaciones son presentadas por la Xunta como el único coste no asumido hasta ahora por la Administración central, y por tanto, el precio real del traspaso de la AP-9: unos 526,5 millones de euros. Sumada esta cifra a la que ya abona Transportes, la factura del Gobierno central subiría a 1.675,8 millones de euros, menos en todo caso que los más de 5.000 que tuvo que asumir el Gobierno central para rescatar las nueve autopistas quebradas en el entorno de Madrid. Transportes sopesa rescatar ahora por 400 millones la AP-7 en Alicante.