La diputada Paloma Castro señala defectos como un déficit de información a las usuarias del sistema público de salud, la falta del preceptivo registro de objetores de conciencia o la excesiva derivación de casos a centros privados
08 sep 2024 . Actualizado a las 12:41 h.La diputada socialista Paloma Castro denunció este domingo una serie de incumplimientos por parte de la Xunta de Galicia en materia de salud reproductiva de las mujeres y le exigió al Gobierno de Rueda que les ponga fin. En concreto, se refirió a varios preceptos contemplados en la Ley orgánica 1/2023, por la que se modifica la del 3 de marzo de 2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Castro explicó que la norma del 2023 introduce «as modificacións necesarias para garantir a vixencia efectiva dos dereitos reprodutivos das mulleres en España», pero que más de un año después de su entrada en vigor su aplicación no es uniforme en todas las comunidades autónomas.
La ley exige que se ofrezca información suficiente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, algo que, denuncia la diputada del PSdeG, «non se está cumprindo nalgunhas áreas sanitarias» de Galicia. Paloma Castro recuerda que también debe a garantizar esa prestación en los centros hospitalarios de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y cercanía, estableciendo los dispositivos y recursos humanos suficientes, pero, según se desprende del último informe emitido por el Sergas, «existen máis derivacións das desexables a centros privados de carácter extrahospitalario».
El PSdeG asegura que es de obligado cumplimiento a creación de un registro de objetores de conciencia entre el personal sanitario, con el fin de garantizar tanto la seguridad jurídica y el pleno respeto al derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo como el derecho de los profesionales a la objeción. Ese registro aún no existe en Galicia, criticó Paloma Castro.
Todas esas deficiencias han llevado a la diputada a registrar una serie de iniciativas a través de las que el grupo socialista le exige al Gobierno del PP que cumpla la ley y que deje de «menoscabar«» los derechos de las mujeres. En concreto, especifica que la Xunta debe facilitar información suficiente sobre el proceso, la normativa y las condiciones para interrumpir voluntariamente el embarazo, como también garantizar que los centros hospitalarios públicos de todas las áreas sanitarias ofrecen esa prestación en los casos legalmente previstos. Finalmente, reclama la creación del registro de objetores de conciencia contemplado en la ley.