Las demandas de la Justicia en Galicia: otros diez juzgados y más magistrados

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

El Tribunal Superior de Xustiza reclama órganos especializados en violencia machista en cada ciudad

21 sep 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

«A situación non presenta o estado que nos gustaría». «A estrutura xudicial actual non nos permite afrontar a situación con garantías de superala nun período de tempo reducido». Estas dos advertencias las lanzó ayer el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, en la apertura del año judicial ante un auditorio en el que estaban representados el Estado, con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la Xunta, con el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, sentados en la primera fila de representantes de prácticamente todos los sectores políticos, sociales, militares y policiales de Galicia.

Solventado lo que definió como «el quebranto constitucional» de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del alto tribunal gallego centró su discurso en la reiterada demanda al Gobierno central de nuevos juzgados y más plazas de magistrados. Criticó que aún no se haya creado ninguna unidad judicial con cargo al actual 2024: «Desde o 2020 soamente nos deron catro novas prazas en órganos colexiados e oito novos xulgados». Díaz-Castroverde, que alternó el gallego y el castellano, agradeció lo concedido por el Ministerio de Justicia, pero destacó que «esa cadencia non é suficiente».

Eso lo argumentó recordando que la Sala de Gobierno del TSXG lleva cuatro años solicitando, «na maioría de casos de forma reiterada, a creación de 18 xulgados e de 7 prazas de maxistrado», con lo que están pendientes 10 nuevos juzgados y tres nuevas plazas de magistrados. Justificó la necesidad de esas unidades judiciales en el aumento de los asuntos que entran en los juzgados y en las consecuencias que aún se arrastran en Galicia por la huelga de letrados de la Administración de Justicia de principios del año 2023. Castroverde señaló que el incremento de casos se está registrando en todas las jurisdicciones (con un 5 % más), pero especialmente en la civil, que fue la que tuvo el mayor crecimiento, con un 7,6 %. 

El presidente del TSXG también quiso llamar la atención sobre la necesidad de nuevos juzgados en localidades que los necesitan por la ingente entrada de asuntos que tienen e insistió en una demanda ya reiterada y que se considera urgente, como es la creación de juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer en cada una de las grandes ciudades gallegas (ahora solo hay en Vigo y A Coruña). Castroverde aseguró que este mismo año pondrá en marcha un proceso que lleve a conseguir ese objetivo, sin perder juzgados de instrucción ya en funcionamiento.

Guardias de 24 horas

También reiteró una petición a la Xunta, que hasta el momento no la atendió: implantación de guardias de 24 horas en los juzgados de instrucción de A Coruña y Vigo. También le reclamó mejoras en edificios judiciales de Muros, Padrón y Vilagarcía y refuerzos de personal en Betanzos, Carballo, Negreira y Vilagarcía.

En su discurso, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia volvió a insistir en la exigencia de respeto a la independencia judicial y, aseguró que «la crítica es siempre bienvenida, porque ayuda a mejorar, pero no la descalificación, y más cuando se personaliza». Pidió que esa crítica se maneje «con prudencia», para no crear «sensación de desencuentro entre poderes del Estado, a propósito de asuntos específicos en los que se ventilan importantes intereses económicos y políticos». Y añadió: «Serán los jueces, siempre, quienes tengan la última palabra, aquí, en Madrid o en Luxemburgo. Y eso habrá que aceptarlo».

Recordó que el judicial es el único poder regulado como tal en la Constitución, un poder que ejerce también «como un contrapoder del Ejecutivo y del Legislativo».

La Fiscalía advierte que aumenta la violencia de género, que representa «unha ameaza para toda a sociedade»

«Non hai escusas ante unha realidade que non podemos aceptar e contra a que debemos e temos que loitar con todos os medios e en todos os planos da sociedade, dende o xudicial ao educativo, desde o deportivo ao laboral». El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, destacó el negro balance que deja la violencia machista, que el año pasado se cobró la vida de tres mujeres en Galicia, donde desde el 2003 han sido asesinadas 67 mujeres por sus parejas o exparejas.

Este año ya se contabilizan dos víctimas en Galicia, 35 en el conjunto de España. El fiscal recordó que durante el 2023 se iniciaron 8.643 procedimientos por violencia machista en Galicia, 1.012 más que en el 2022, lo que supuso un aumento interanual del 13 %.

Aseguró que en Galicia hay actualmente 5.575 casos activos en el sistema VioGén de seguimiento y protección de mujeres amenazadas por sus parejas y exparejas, y que 68 de esas víctimas se encuentran en situación de riesgo alto o extremo.

Suanzes también destacó la actividad de los fiscales en la lucha contra la ciberdelincuencia y reveló que en el año 2023 la estadística fiscal reflejó una cifra total de 3.179 delitos incoados por las fiscalías en el ámbito de la delincuencia informática, con casi el 12 % de aumento. En ese tipo de actividad destaca la estafa informática, que está considerada como la estrella de los ciberdelitos, con 2.932 ilícitos y un aumento del 15 % y que representa el 92 % de la totalidad de la ciberdelincuencia registrada por las fiscalías en Galicia.

Por lo que se refiere a la actividad delictiva en general, en las fiscalías gallegas se abrieron 110.658 procedimientos el año pasado, casi un 3 % más que en el ejercicio anterior. Los tipos delictivos más representativos fueron los de lesiones, que son más de la cuarta parte del total (26,79 %); los patrimoniales y socioeconómicos (24,55 %), y los delitos contra la seguridad vial, que representan un 9 % de todos los tramitados por la Fiscalía. También destacó el aumento de un 12 % de los delitos sexuales, que pueden deberse, según el fiscal, a una mayor concienciación social que lleva a un incremento de las denuncias.