La Xunta intenta paliar el creciente problema de la vivienda con casi 1.500 viviendas públicas proyectadas este año
GALICIA
Rueda anuncia más inversiones para alcanzar las 4.000 nuevas en esta legislatura. El presidente cree que la ley estatal no funciona, pero el Gobierno gallego la acatará
08 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.«A vivenda é cada vez máis un problema para a sociedade galega, especialmente para a xente moza, e a Xunta de Galicia ten que responder a esa inquedanza». Con esas palabras Alfonso Rueda asumió ayer la responsabilidad del problema que está marcando la legislatura en España y que va camino hacer lo mismo en Galicia: el acceso a la vivienda. También se comprometió a aplicar soluciones y confirmó que los presupuestos del 2025, de los que hoy dará un avance, incluirán un «importante investimento» para abordar esa problemática.
La última encuesta de Sondaxe, publicada este fin de semana, desvela que la imposibilidad de alquilar o comprar un piso por motivos económicos es ya la segunda preocupación de los gallegos, por delante del desempleo y por detrás de la sanidad.
El presidente de la Xunta subrayó que mantiene su compromiso de duplicar el parque de vivienda pública, para que pase de las 4.000 actuales a las 8.000, duplicando la cifra actual. «É un obxectivo de lexislatura», remarcó.
Desde el comienzo de la misma, en primavera, se han proyectado, licitado o iniciado las obras de 1.481 nuevas viviendas de protección oficial, según los datos de la Consellería de Vivenda. El compromiso de Rueda requiere la construcción de otras 2.519 en menos de cuatro años. Es decir, 4.000 para alcanzar esas 8.000.
La otra pata del plan del departamento que dirige María Martínez Allegue es la puesta a disposición de suelo en esta legislatura para la construcción de otras 20.000 viviendas por cooperativistas y promotores privados. La distribución adelantada por la conselleira es la siguiente: 4.320 estarán en el área urbana de A Coruña; 1.600 en las de Lugo y de Ourense; 1.760 en la de Pontevedra; 7.360 en el área urbana de Vigo; 2.000 en la de Santiago; 960 en la de Ferrol y 400 en Vilagarcía.
En su comparecencia de hoy en el Parlamento —a petición propia—, Rueda avanzará una parte de la «batería de medidas» de la Xunta para facilitar el acceso a la vivienda. Serán, explicó, las decisiones que estén vinculadas a un desembolso presupuestario, ya que su discurso se centrará en las líneas maestras de las cuentas del 2025 y en los planes del Gobierno gallego a medio y largo plazo. Pero tras la reunión del Consello de la Xunta también señaló que hay «moitas fórmulas» para abordar el problema. Se espera que queden perfiladas en las próximas semanas.
Pero esas soluciones, en todo caso, no están a juicio de la Xunta en la ley estatal de vivienda, aunque será aplicada, subrayó el presidente.
La normativa no despierta entusiasmo en San Caetano por dos motivos. El primero es que considera que invade sus competencias, y por eso presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite en abril y está pendiente de resolución. La segunda causa la detalló ayer el propio Rueda. La ley de vivienda «non está funcionando» y subrayó que esa afirmación no es gratuita, sino que está «baseada na práctica» porque en las zonas en la que se ha aplicado esa normativa, que «se anunciou con pomposidade», el problema de la vivienda «non mellorou». El presidente se refirió en concreto a la regulación de las zonas tensionadas, que no solo no solo no han mejorado la situación donde fueron declaradas «senón todo o contrario».
Pero la normativa, aunque «non soluciona nada» y «non estamos de acordo con ela» está vigente y la Xunta «cumple as leis». Por eso, explicó, la aplicará mientras no se resuelva el recurso ante el Constitucional y, en caso de que seas rechazado, también a partir de entonces.
Rueda recordó que algunos concellos han alcanzado acuerdos plenarios para solicitar zonas tensionadas. La Xunta, añadió, les ha requerido la documentación que, según la ley, es necesaria para aprobar esa declaración. Se refirió al caso de Santiago, cuya alcaldesa —Goretti Sanmartín, del BNG— dijo hace unos días que aún la están reuniendo. En todo caso, añadió Rueda, una vez se remita esa documentación, la Xunta la revisará y, si se cumplen las condiciones previstas en la propia ley, declarará la zona tensionada.
Vivenda dice que el bono estatal al alquiler joven no cubrirá ni el 1 % de la demanda
La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, tachó de «ínfimo» el presupuesto que el Gobierno central destinará al programa bono de alquiler joven en Galicia. Según ha anunciado el Ejecutivo, la inversión será de 11,4 millones de euros para las anualidades del 2025 y el 2026. Los bonos están destinados a los jóvenes de entre 18 y 35 años de edad y ascienden a 250 euros mensuales. En Galicia hay más de 360.000 personas en esa franja de edad, por lo que el presupuesto, señaló Allegue, no cubrirá «nin sequera o 1 %» de la posible demanda en Galicia.
Además, Allegue mostró su sorpresa porque la Moncloa haya anunciado ya la posibilidad de solicitar esas subvenciones, cuando el programa no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Además, fuentes de la consellería señalaron que el plan debería pasar de nuevo por la conferencia sectorial, en la que participan las comunidades.
Las mismas fuentes recordaron que este año la Xunta incrementó las ayudas al alquiler con una partida especial para menores de 36 años, porque en el 2024 el ministerio no puso en marcha el bono joven. Sí facilitó ayudas al alquiler por valor de 10 millones de euros, que la Xunta complementó con otros tantos.
Además, desde Vivenda añadieron que las bases de la próxima convocatoria han generado «muchas dudas». Añadieron que en la última conferencia sectorial, celebrada la semana pasada, la ministra Isabel Rodríguez señaló que se modificarán el año que viene, de cara al 2026, porque el plazo para aplicar cambios en el 2025 no es suficiente.
La conselleira, en una entrevista en Radio Voz, mostró además su «decepción» con el resultado de la citada conferencia sectorial, ya que estuvo «baleira de contido» al no tratarse el plan estatal de vivienda, del que no se presentó «nin un borrador».
Allegue demandó la participación de todas las comunidades en la elaboración de ese documento y que se celebren reuniones bilaterales para que cada una de ellas pueda hacer propuestas que se adecúen a sus particularidades. La conselleira reclamó además que las medidas del plan se coordinen para evitar que se solapen con las autonomías.