Seguridad y agilidad administrativa, claves para el desarrollo de vivienda en Galicia
GALICIA
El próximo año, la mitad de los gallegos residirán en concellos con plan urbanístico, señalan desde la Xunta
06 dic 2024 . Actualizado a las 05:00 h.«Hacemos viables los sueños de los gallegos, dónde van a vivir, dónde pueden emprender, dónde van a ir al colegio, o a hacer deporte, o a hacer sus compras. Organizamos todo eso teniendo en cuenta la movilidad y más. No creo que haya otro puesto en toda la Xunta tan bonito», dice la directora xeral de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas. A su lado está quien cuida que esos anhelos plasmados sobre plano no se desvíen, Victoria Núñez López, directora de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), un organismo que hace mucho más que derribar: «Vela por un uso racional del suelo, de la ordenación del territorio y del litoral, en el medio rural y en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, por sus valores ambientales y paisajísticos». Actúan, subraya, «en defensa de un urbanismo responsable», que parte de la premisa «cuida de tu territorio, cuida de lo tuyo».
Ambas participaron en un foro organizado por La Voz de Galicia en colaboración con la Consellería de Vivenda, en el que detallaron programas de ambos departamentos para impulsar ese urbanismo responsable, que para Rivas nace de la idea de la «responsabilidad compartida. Galicia será lo que los gallegos queramos que sea, planificamos el futuro ente todos nosotros».
Y una de las claves está en la seguridad jurídica y la agilidad en los trámites. La directora general de Urbanismo señala que la herramienta determinante son los planes generales de ordenación municipal, y «Galicia ha hecho un avance muy próspero» en las últimas cuatro legislaturas. En el 2009, recuerda, «solo había 32 ayuntamientos con un plan general adaptado a la legislación vigente, que era la ley del 2002». Ordenaban el 10 % del territorio y de la población. Pero «hoy son 122 los ayuntamientos que cuentan con un plan general adaptado». Cuando se apruebe el de Vigo, a inicios del 2025, «vamos a tener ordenado el 50 % del territorio de Galicia y para el 50 % de su población». «Durante 15 años se ha aprobado un plan general de ordenación municipal en Galicia cada dos meses», señala.
La tramitación se ha acelerado. «Esta semana en el Congreso Nacional de Medio Ambiente en Madrid pudimos exponer ante toda España que Galicia es la comunidad, con mucha diferencia, que está trabajando más para dotar a los ayuntamientos de un plan general», explica Rivas. Añade que el gran avance fue la ley del suelo del 2016. «Ya hay en Galicia un plan general, el de Abegondo, aprobado íntegramente con esa ley, y se hizo en tres años y medio», pero no se conforma: «Hay que ir a la mitad. Entre un año y medio y dos años es un plazo razonable».
¿Y en qué beneficia a los ciudadanos que haya plan general? «Da más seguridad jurídica y puede resolver situaciones en expedientes porque la situación urbanística de una parcela varíe. Por ejemplo —apunta Victoria Núñez—, si pasa a ser clasificada como suelo de núcleo rural, y ello hace viable la legalización de la edificación en sí, obtenida la licencia de legalización la orden de demolición quedaría sin efecto, sin perjuicio de realizar otras actuaciones para el archivo».
Encarnación Rivas añade que esa seguridad jurídica es necesaria para facilitar la construcción de vivienda, además de que es necesario adaptar la planificación a las necesidades y a la «sensibilidad» actuales.
El trámite de los planes se aceleró, entre otras causas, porque la ley del suelo del 2016 convirtió a la dirección general en una ventanilla única para los planes generales, explica Rivas. Cada Concello envía un enlace con el plan en aprobación inicial, y Urbanismo «recaba todos y cada uno de los informes autonómicos». La directora de Urbanismo espera ahora que el Estado establezca un interlocutor único. Y está convencida de que si se trabajase de esa forma el plan general de Vigo ya estaría aprobado porque, como otros, está a la espera de informes estatales.
Otro asunto en el que esperan que el Ejecutivo central mueva ficha es en que asuma al fin la tipología de suelo de núcleo rural, que es específica de Galicia. En la comunidad hay 38.000 núcleos, y la ley autonómica permite allí el autoabastecimiento de servicios; «no exige que la dotación sea por redes públicas», aclara. Hay una docena de planes generales y planes básicos pendientes solo de informe de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por esa discrepancia, pero tras varias reuniones con los responsables estatales espera que el ente estatal pueda emitirlos pronto.
Porque unos ciudadanos anhelan vivir en la «ciudad compacta», y otros en uno de esos 38.000 núcleos rurales. Y es «un mundo que no se puede perder de vista», dice Rivas. De ahí el plan Hurbe, que facilita subvenciones a las villas y municipios pequeños para humanizar y urbanizar espacios públicos. Subrayan en Urbanismo que quieren que «en Galicia se pueda vivir no solo en el rural, sino que se pueda vivir del rural, y que no haya gallegos de primera y de segunda».
Los expedientes por ilegalidades han bajado con el mismo número de inspecciones
Las dos responsables autonómicas creen que los ciudadanos están más concienciados en materia urbanística. «A la vista de los datos sí vemos más concienciación en la protección del territorio», dice Victoria Núñez. Así lo indica que la actividad inspectora de la APLU se mantiene en cifras muy similares a la de hace siete años, en torno al millar de inspecciones anuales por provincia; pero en cambio el número de expedientes para reponer la legalidad está bajando.
«Sí hay más concienciación hacia el cuidado de nuestro territorio, y mas conciencia porque la consecuencia de llevar a cabo una actuación urbanística irregular conlleva no solo enfrentarse a la resolución de un expediente administrativo que te obligue a demoler, sino a enfrentarte a un proceso penal por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio». En el 2023 se remitieron 38 expedientes al Ministerio Fiscal, al que la Axencia de Protección tiene obligación legal de informar. Son los casos más extremos, muchos expedientes corrigen las irregularidades sin llegar a ese punto o a la demolición.
Otro indicio de que hay más concienciación proviene de los datos de demoliciones. El 97 % se acometen «con carácter voluntario por sus propietarios» y solo en un 3 % es necesaria la ejecución subsidiaria por la Administración.
Además de custodiar la legalidad urbanística, la APLU hace una labor formativa. Por ejemplo, a través de un convenio firmado por las consellerías de Vivenda y Educación con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, los inspectores de la agencia acuden a centros educativos de toda la comunidad y en todos los niveles de enseñanza, para una actividad llamada «Eu son Inspector Urbanistic@. Coida do te territorio, Coida do teu». Con ella, explica Núñez «pretendemos concienciar a los alumnos, desde los más pequeños de educación infantil hasta los de bachillerato, de la importancia de cuidar de nuestro territorio. Promovemos y difundimos el respeto a la normativa con incidencia en el país».
Lo ideal, añade la directora de la APLU, «sería no tener que iniciar expedientes, y con este trabajo a la larga lo conseguiremos».