Bruselas envía un ultimátum a España por dar «derecho preferente» a concesionarias en zonas costeras
GALICIA
El Estado tiene dos meses para responder antes de que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la UE, con posibles sanciones o la exigencia de modificar la norma vigente
16 dic 2024 . Actualizado a las 17:33 h.La Comisión Europea insta a España a cumplir la directiva comunitaria sobre la adjudicación y prórroga de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. Bruselas envía un ultimátum tras detectar irregularidades en el procedimiento español para asignar y extender las licencias, que no respetarían los principios de imparcialidad y transparencia establecidos. Esta nueva advertencia, mediante un dictamen motivado publicado este lunes, se produce tras la apertura de un expediente de infracción a España el año pasado.
Argumenta que la legislación española permite adjudicar concesiones para construir locales permanentes, como restaurantes o piscifactorías, mediante una solicitud previa seguida de un período de información pública de veinte días. Sin embargo, la directiva comunitaria de servicios exige que estos procedimientos incluyan un proceso de selección equitativo y transparente, algo que la Comisión considera que no se está cumpliendo.
Además, cuestiona la prórroga de estas concesiones bajo la normativa nacional, que en algunos casos puede extenderse hasta 75 años. Según la Comisión, estas prórrogas constituyen un derecho preferente para los operadores ya establecidos, lo que dificulta la entrada de nuevos competidores, especialmente de otros países miembros de la Unión Europea. Supondría así una restricción injustificada a la libertad de establecimiento garantizada por el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Este dictamen llega en un momento en que la Xunta intensifica sus conversaciones con el Gobierno central para asumir la gestión del litoral en la comunidad autónoma. El último borrador transmitido desde el Ministerio de Política Territorial traspasar las funciones, servicios y medios necesarios para la gestión completa del litoral elimina la exigencia de que exista un informe vinculante del Estado cada vez que la Xunta pretenda otorgar una concesión para obras o instalaciones no desmontables en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
España dispone ahora de dos meses para responder al dictamen motivado y tomar las medidas necesarias para adecuar su legislación a las exigencias europeas. De no hacerlo, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría derivar en sanciones o en la exigencia de modificar las prácticas nacionales actuales.