Con la enésima planeadora todavía en nuestras playas, las cifras demuestran que desafortunadamente hace un tiempo que no avanzamos de forma significativa en la lucha contra el narcotráfico. El escenario no puede ser más preocupante, con la entrada de cocaína en cantidades industriales, un incremento exponencial de la violencia —de la que solo estamos viendo la punta del iceberg— y el colapso en los juzgados. Tenemos que reaccionar y evitar un problema tan grave como el que ya están sufriendo lugares como Bélgica o los Países Bajos, en los que el bienestar de toda la sociedad está seriamente comprometido por mafias muy poderosas que amenazan directamente a la propia estructura del Estado. Países que ahora ya entienden el narcotráfico y el crimen organizado como un problema de seguridad nacional al que otorgar la máxima prioridad. Es lo que tenemos que hacer aquí y de momento no lo vemos.
Es manifiesta la necesidad de renovar de una vez por todas nuestra legislación, excesivamente garantista en determinados preceptos y todavía anclada en el siglo XIX, con la que tenemos que hacer frente en clara desventaja a bandas criminales internacionales, dotadas de medios, organización y tecnologías del siglo XXI. Como consecuencia, Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera tienen en muchas ocasiones las manos atadas para hacer su trabajo. La realidad es que resulta muy difícil y enormemente lento investigar, detener y juzgar a los narcotraficantes. Eso explica que actualmente haya casi quinientas organizaciones criminales asentadas en España, la mayoría dedicadas al narcotráfico. Es un clamor la necesidad de reformas legales. Es vital legislar de forma valiente para revertir la situación, como expuso el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico en su reciente comparecencia ante la Comisión Mixta de Adicciones en el Congreso.
Estamos en un momento especialmente importante en la lucha contra el narcotráfico. De las decisiones que tomemos ahora va a depender el futuro que nos espera.