El BNG denuncia «caos» y «sobrecarga» en los servicios que tramitan las solicitudes de dependencia y la Xunta replica que su nueva normativa busca «reducir tempos»
GALICIA
Olalla Rodil emplaza al Gobierno autonómico a reforzar el personal para agilizar la burocracia y cumplir los plazos que establece la ley, mientras que la Xunta asegura que la regulación vigente desde enero busca acortar la espera a seis meses
12 ene 2025 . Actualizado a las 14:14 h.La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha denunciado el «enorme caos» y la «gran sobrecarga de traballo» que «provoca» la Xunta en los servicios sociales comunitarios que tramitan las solicitudes de la dependencia. Cambios que, según subraya Rodil, se hacen en teoría para agilizar los trámites, pero que en la práctica ni van a servir para acortar plazos «nin moito menos para cumprir os que xa establece a lei estatal». «A lei fixa un prazo máximo de seis meses desde hai dezaoito anos e Galiza non deixa de incrementar o tempo de espera», denuncia la diputada nacionalista, recordando al respeto que el 2024 finalizó con una espera media de 387 días, más del doble del plazo máximo establecido.
Por su parte, la Consellería de Política Social ha replicado a las criticas del BNG en materia de dependencia y ha defendido la nueva normativa de la Xunta, que está en vigor desde este mes de enero, y que busca «axilizar e simplificar» los trámites y, como consiguiente, «reducir a lista e os tempos de espera» para las valoraciones.
La portavoz de Política Social en el gobierno alternativo del BNG denuncia que en Lugo, a día de hoy, están llamando a personas que solicitaron la dependencia en abril de 2024 para citarlas y poder valorarlas la finales de enero de este año. «Na práctica, van esperar case un ano», criticó, para advertir de la «saturación» por falta de personal que sufren desde hace tiempo los equipos que tramitan la dependencia y que ahora se agrava por las reformas introducidas por la Xunta, que no puso más medios y ni tan siquiera informó al personal de los servicios sociales comunitarios hasta la víspera de la entrada en vigor de los cambios en la tramitación.
«O Goberno do PP está xerando un enorme caos en unha grande sobrecarga de traballo nos servizos sociais comunitarios que xa están saturados pola falta de persoal», subraya Rodil, que ya adelantó que la formación va a presentar en el Parlamento una batería de iniciativas para demandar, en primer lugar, que la Xunta atienda las demandas de los profesionales de la dependencia, que nombre a terapeutas ocupacionales y trabajadoras sociales, y negocie con ellas los cambios que se vayan a introducir.
Ante esto, Política Social ha señalado que el objetivo de la nueva normativa es «seguir mellorando» el acceso de las personas a los servicios y prestaciones. En este sentido,establece una «vía preferente» para las personas mayores de 80 años; «reforzarán o papel» de los servicios sociales de los ayuntamientos, que «verán rebaixada» la carga de trabajo burocrático; y «reforzarán o persoal» de los equipos de valoración.
«O obxectivo deste plan de choque da Xunta é reducir a lista e os tempos de espera para as valoracións de dependencia ata os seis meses», ha incidido Política Social.
Por su parte, el BNG anunció que va a demandar, que «se realmente o Goberno do PP quere garantir en tempo e forma os dereitos das persoas dependentes, é necesario e urxente que amplíe o persoal dos equipos de valoración e orientación da dependencia e da discapacidade en toda Galiza».
En tercer lugar, la formación considera que uno de los «elementos fundamentais» para garantizar los derechos de las personas dependientes es garantizar que tengan acceso a los servicios públicos que necesitan, pues actualmente la mayor parte de las personas que se encuentran en lista de espera en Galicia es por el acceso a un servicio a lo que tienen derecho. Desde el 2017 cada día fallecieron en Galicia dos personas esperando por una plaza que le fue reconocida cómo derecho. «Esto é inadmisible», advirtió la viceportavoz, que seguirá pidiendo en el Parlamento el incremento de plazas en servicios como residencias, centros de día o servicio de ayuda al hogar.