La Policía Nacional eleva a 11 millones de euros las ganancias de Sito Miñanco por traficar con cocaína entre el 2016 y el 2018
GALICIA
La investigación apunta en el juicio a que el entonces abogado del narco de Cambados, Gonzalo Boye, ayudó a justificar con documentos falsos 900.000 euros decomisados a la organización del cambadés
13 ene 2025 . Actualizado a las 19:52 h.La causa que se juzga en la Audiencia Nacional contra José Ramón Prado Bugallo, conocido por Sito Miñanco, y otros 44 procesados por trabajar para el de Cambados entre el 2016 y el 2018 retrata una organización internacional especializada en la importación de cocaína al por mayor desde Colombia a Europa, teniendo en España la base operativa. La investigación al gallego y su entorno derivó en el decomiso de dos alijos que rondaron las cuatro toneladas de cocaína, y destapó toda una maquinaria perfectamente engrasada para lavar las ganancias y enviar a través de colaboradores los pagos puntualmente a los proveedores de la droga en Colombia.
La investigación de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales supone un pilar igual de importante en el procedimiento que el destinado a probar el tráfico de drogas. Ambos delitos se complementan y eran fundamentales para llevar a buen puerto los intereses de la trama.
Los atestados policiales sobre blanqueo de dinero son contundentes contra los intereses de Miñanco y el resto de procesados. La investigación eleva a 11 millones de euros la cantidad ocultada entre el 2016 y el 2018 y que se intentó convertir en lícita para borrar el pasado que vinculaba ese dinero con el tráfico internacional de cocaína. Las elevadas ganancias están vinculadas, según los investigadores, a la «hiperactividad» de Miñanco en el mismo bienio para introducir incontables alijos de droga en España o Europa.
Pero Miñanco y sus colaboradores más cercanos no fueron los únicos protagonistas en la vista celebrada este lunes en la Audiencia Nacional (la duodécima desde que empezó el juicio oral). Una inspectora de la unidad de blanqueo declaró que Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, intervino en gestiones para justificar con documentos falsos casi 900.000 euros confiscados en el 2017 a la red de Miñanco, en el aeropuerto de Barajas, cuando Boye ejercía de abogado del gallego.
Manuel González y otros cuatro acusados eran los dueños de las maletas donde se encontró ese dinero, oculto en dobles fondos, antes de viajar a Colombia. La Fiscalía relata en su escrito de acusación que en el momento de esa intervención, Manuel González declaró que el dinero era de su propiedad y lo llevaba para montar una empresa en ese país americano. Pero la inspectora que compareció este lunes aseguró en sala que comprobaron que González no tenía ingresos que avalaran tal cantidad de dinero. Añadió la funcionaria que Gonzalo Boye participó en una operación que implicaba confeccionar documentos falsos para simular que Manuel González había adquirido, y posteriormente vendido, unas letras de cambio días antes de la aprehensión en el aeropuerto y así justificar la procedencia del dinero y recuperarlo.
Los atestados policiales ratificados en el juicio por la inspectora de la unidad de blanqueo de capitales exponen que del análisis del teléfono móvil de Boye se desprende que este informaba a una hija de Sito Miñanco, que también es abogada y en aquel momento trabajaba en el despacho de Boye, de las gestiones que se iban realizando para recuperar ese dinero.
La defensa de Boye, que ha sido abogado de Sito Miñanco en otras causas, argumenta que la acusación contra el letrado es infundada y que su única participación fue de asesoramiento legal.
Además estima que Manuel González, al ver durante la instrucción del procedimiento que Manuel Puentes -acusado en este caso de liderar la rama de ciudadanos colombianos de la red en Madrid- había conseguido su libertad cambiando de versión y tras recibir múltiples visitas policiales en prisión, decidió hacer lo mismo. De esta forma Manuel González aseguró en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó la causa que el dinero intervenido no era suyo, y que Puentes lo había colocado en su equipaje sin su conocimiento e implicó a Boye en la trama de falsificación documental, según la defensa de este.
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Intento de homicidio
También recuerda la defensa de Boye que González ha presentado un escrito en el que vuelve a decir que el dinero intervenido es suyo y muestra su disposición a cederlo para indemnizar a los tres policías que resultaron lesionados durante su detención. Según la Fiscalía, Manuel González, que se enfrenta a una petición de 43 años de prisión, disparó con una pistola a los agentes en una nave de Alpedrete (Madrid).
En este caso en la Audiencia Nacional Miñanco se enfrenta a una pena, según la petición de la Fiscalía, de 31 años y seis meses de prisión por el intento de introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, y la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.