El PP rechaza en el Parlamento rescatar la AG-55, pero se abre a su gratuidad en el futuro
GALICIA
«Non o descartamos no momento que existan recursos económicos para levalo adiante», aseguró el diputado Roberto Rodríguez
16 ene 2025 . Actualizado a las 14:42 h.El portavoz de infraestruturas del Partido Popular en el Parlamento gallego, Roberto Rodríguez, afirmó hoy que, aunque su formación «nunca se comprometeu» a la gratuidad de las autopistas autonómicas, tampoco descarta esta posibilidad en el futuro. «Non o descartamos no momento que existan recursos económicos para levalo adiante, do mesmo xeito que se fixo recentemente coas catro autovías con peaxes na sombra rescatadas», señaló Rodríguez durante un debate sobre la AG-55, que conecta A Coruña con Carballo.
La intervención del portavoz popular tuvo lugar en el marco de la Comisión 3ª, donde se debatía una propuesta del BNG para liberar esta vía, conocida como la autopista de la Costa da Morte. La iniciativa fue rechazada con los votos del PP, a pesar de las críticas de la oposición. El diputado nacionalista Daniel Pérez denunció el «sobrecusto» que supone para las familias y empresas de la comarca, describiendo el peaje como «un lastre» para el desarrollo económico y social de Bergantiños y la Costa da Morte.
Rodríguez contrapuso estas críticas recordando que las autopistas autonómicas son las más económicas de España gracias a las bonificaciones impulsadas por la Xunta. «Só 60 quilómetros son de titularidade autonómica, que, se os quitásemos, seguiríamos sendo líderes en quilómetros de pago do Estado», apuntó el parlamentario, al tiempo que acusó a BNG y PSdeG de desviar la atención de lo que calificó como una «estafa aos galegos» con la promesa de una AP-9 gratuita y de titularidad gallega.
Desde el PSdeG, Patricia Iglesias acusó al PP de mantener el peaje de la AG-55 porque «segue sendo rendible para a concesionaria». Afirmó que el rescate de otras autopistas autonómicas por parte de la Xunta el año pasado respondió a intereses empresariales y no a un supuesto ahorro para las arcas públicas, como argumentó entonces el Ejecutivo autonómico.