El sindicato de enfermería traslada al Valedor do Pobo el «grave déficit de enfermeras» que existe en Galicia
GALICIA
Reclaman que se promuevan acciones para «salvaguardar los derechos fundamentales de las enfermeras»
24 mar 2025 . Actualizado a las 13:11 h.El sindicato de enfermería Satse ha trasladado al Valedor do Pobo el «grave déficit de enfermeras» que, a su juicio, existe en Galicia. La secretaria general del sindicato en Galicia, Asunción Maus, ha comunicado a la valedora, María Dolores Fernández Galiño, que el propio Ministerio de Sanidad ha cifrado la necesidad de enfermeras en la comunidad autónoma «en más 8.800 profesionales».
En un comunicado, Satse explica que ha presentado una queja ante la valedora con el objetivo de que esta «promueva las acciones que considere pertinentes para salvaguardar los derechos fundamentales de las enfermeras frente a las administraciones públicas».
El sindicato denuncia que tanto el Gobierno central como los autonómicos «están vulnerando los derechos constitucionales» y critica la «pasividad institucional» para poner en marcha soluciones encaminadas a reducir la sobrecarga de trabajo a la que está sometida el personal.
La reivindicación no es nueva. Desde Satse, explican, han solicitado desde hace años a las diferentes administraciones «que palíen los riesgos psicosociales» que sufren los profesionales. Entre ellos, citan las «elevadas exigencias» de la actividad asistencial y la «exposición a situaciones de alto impacto emocional», que abocan a las enfermeras al síndrome del «burnout» o profesional quemado. Y a esto suman el trauma secundario que sufren, «al estar sometidas de manera continua al sufrimiento de sus pacientes».
Queja contra el Gobierno central
La reclamación presentada ante la valedora se suma a la que el el sindicato interpuso hace semanas ante el Defensor del Pueblo contra los ministerios de Sanidad y Función Pública y los gobiernos autonómicos. En este caso, por desarrollar una política de recursos humanos de «sobrecarga laboral permanente y maltrato institucional que vulnera derechos fundamentales de las enfermeras consagrados en la Constitución Española».