Las Eccom, la llave de la Xunta para dar licencia a nuevos pisos en un mes
GALICIA
Solo siete entidades de certificación están acreditadas por ahora en Galicia
22 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Más pisos, esa es la receta de la Xunta para el problema de la vivienda. Con el fin de agilizar la construcción, un decreto ahora en trámite regulará las entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom), con las que la Consellería de Vivenda quiere reducir a un mes el plazo de concesión de las licencias. La Xunta ha insistido en que el decreto garantizará la seguridad jurídica de los trámites y prevé que el texto los agilice. El BNG ha criticado que es «un paso máis na liña privatizadora da función pública».
¿Qué son las Eccom?
Son entidades dedicadas a la certificación, verificación, inspección y control de la conformidad de obras, instalaciones, establecimientos y actividades con la norma municipal. El decreto prevé que actúen en los trámites para la concesión de licencias, y también que colaboren con los concellos en tareas de supervisión y control. Los colegios profesionales pueden actuar como Eccom si se constituyen como tal.
¿Cuántas hay activas?
La Xunta tiene registradas siete entidades: AB-Aucatel, Addient, Aeclu, EQA, Deklara, Enmacosa y AB-EIC. Tienen sedes en A Coruña, Vigo, Mos, Madrid y Pontevedra. El decreto requiere que estén acreditadas como entidades de inspección, que cuenten con un seguro de responsabilidad civil de dos millones de euros y que cuenten al menos con tres empleados: un letrado con experiencia de al menos cinco años en materia urbanística y dos arquitectos o ingenieros de similar veteranía en su profesión. Deberán además inscribirse en el registro autonómico.
¿Qué efectos tendrán sus certificaciones?
El decreto prevé que las solicitudes de licencia, declaraciones responsables y comunicaciones previas que se presenten acompañadas de una certificación emitida por una Eccom tengan los efectos previstos en los artículos 47 y 146 bis de las leyes 9/2013 y 2/2016 de Galicia. En síntesis: «Tendrá la misma validez y efectos que los informes técnicos y jurídicos municipales, que se entenderán sustituidos por dicha certificación». A partir de su presentación por registro, el Concello deberá resolver el trámite, denegando u otorgando el permiso, en el plazo de «un mes». El plazo actual es de tres meses, y en muchas ocasiones se supera.
¿Pueden los concellos rechazar sus informes?
La normativa prevé que los ayuntamientos excluyan a las Eccom, pero para ello deberán aprobar una ordenanza. Incluso en ese caso, los interesados podrán recurrir a una entidad de certificación si el ayuntamiento supera el tiempo que tiene para resolver la licencia —tres meses—, los interesados podrán presentar una certificación y el concello deberá ceñirse a los plazos indicados en el nuevo decreto.
¿Quién las fiscaliza?
Las Eccom deberán presentar cada año un informe a la Xunta de todas sus actividades, personal de servicio, vigencia de su acreditación y póliza de seguro. En sus actuaciones, deberán cumplir las normativas técnicas municipales. Sus actos estarán sometidos a inspección de los órganos competentes en urbanismo de la Xunta y los ayuntamientos. En caso de que los últimos detecten un incumplimiento de las normas, podrán tomar medidas y deberán informar a la consellería. En cuanto a los particulares, podrán presentar reclamaciones que deberán responderse en plazo de un mes. En caso de que no se les atienda, podrán recurrir la decisión ante la Administración autonómica. En caso de infración se aplicará el régimen sancionador descrito en el capítulo V de la ley 9/2013, que prevé multas de más de 600.000 euros y tres años de suspensión de la actividad, entre otras penalizaciones.
¿Dónde funcionan las Eccom en la actualidad?
La decisión de la Xunta de abrir el urbanismo a las entidades de certificación no es un salto al vacío. Las leyes citadas ya regulaban su intervención en materia de actividades económicas y apertura de establecimientos. Algunos ayuntamientos incluso se han adelantado. Es el caso de Pontevedra, que fue pionera en Galicia al recurrir a ellas hace décadas para la inspección de atracciones itinerantes. En España, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía, Cataluña o Baleares han regulado el funcionamiento de entidades similares en materia urbanística.