El secretario de Estado de Memoria Democrática: «Meirás no solo es un referente de memoria, es también una victoria»

Fernando Martínez López (Vélez-Blanco, 1949), secretario de Estado de Memoria Democrática desde el 2020, llegó ayer a Galicia para celebrar hoy que el pazo de Meirás será declarado Lugar de Memoria Democrática. Mañana lo hará también en la Illa de San Simón. «Debe darse a conocer toda la verdad del franquismo. También las carencias que el propio régimen democrático tiene a la hora de enfrentarse con el pasado dictatorial de este país», explica sobre la resignificación de estos espacios. En el caso de Meirás, no se hará de forma completa hasta que la Justicia resuelva los recursos de la familia Franco.

—¿Qué hace especial a Meirás?

—Es un enclave concebido como un espacio cultural y de creación por Emilia Pardo Bazán y, claramente, un enclave del franquismo. Es un lugar de memoria que desempeña un papel clave dentro de lo que son las estancias estivales del dictador. Pero no solamente eso, que celebrara aquí consejos de ministros convierte a Meirás en un escenario de poder, de establecimiento de redes clientelares en toda Galicia. También es un espacio de apropiación de bienes públicos y de bienes privados. Tras la muerte de Franco quedó en manos de su familia y eso, de alguna manera, refleja las carencias del régimen democrático a la hora de enfrentarse o de afrontar el pasado dictatorial.

—Destaca el papel de la sociedad civil gallega para recuperarlo.

—Junto a la colaboración de las instituciones gallegas y la Administración General del Estado lo hicimos posible. La demanda de la Abogacía General del Estado, y el posterior juicio, puso de relieve los métodos fraudulentos de cómo se apropió la familia Franco de ese patrimonio. Meirás no solamente es un referente de la memoria democrática, sino también de una victoria. Una victoria de la justicia, de la legalidad y de los valores democráticos frente a la impunidad del franquismo. Aquí desempeña un papel clave la sociedad, los movimientos memorialistas, la reivindicación, y eso tendrá mucha fuerza en lo que será el desarrollo informativo y divulgativo de Meirás. Sin eso, no estaríamos hablando de Meirás.

—¿Y en San Simón?

—Se convierte en una prisión prácticamente desde finales de 1936, y va hasta principios del 43 con distintas etapas. Hubo en el penal, a lo largo de este tiempo, más de 5.600 presos. Tenemos contabilizadas a 517 personas que murieron allí, además de otras que salieron y no están contabilizadas. Una mortandad espectacular, cosa que no había ocurrido en otros penales de la geografía española. Reúne todas las condiciones para ser un Lugar de Memoria estatal, referencial.

—En el Parlamento gallego hubo recientemente un debate sobre si en San Simón hubo o no fusilamientos. ¿Con esta declaración zanjan la discusión?

—Soy catedrático de Historia Contemporánea, llevo muchísimo tiempo trabajando en temas de memoria, y nos constan, evidentemente, los fusilamientos en la isla de San Simón. Nadie con rigor lo puede negar. También se les sacaban y los fusilaban. Eso se sabe. No solo morían de hambre o por las condiciones de insalubridad que había.

—¿Afloran los discursos negacionistas o revisionistas?

—El negacionismo es un problema, tergiversa los hechos. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática contra ello. También lo hacen muchas universidades frente a los bulos. Ahora hasta se plantea que no existe el holocausto, por ejemplo. Una cosa tremenda.

—La Ley de Memoria Democrática repudia y condena el golpe del 36 y la dictadura posterior, pero hay movilizaciones o declaraciones públicas que reivindican a Franco o el franquismo. ¿No se actúa contra ello?

—Es la primera vez que en la legislación española se condena, se repudia y se declara ilegal el régimen franquista. Se le da un papel importante a los movimientos sociales en la conquista de la democracia, porque hasta ahora lo que se venía planteando es que la democracia nos la habían regalado. Pero hay una cuestión que es clave en la Constitución: la libertad de expresión. Esta ley condena la apología del franquismo o de los dirigentes del golpe, pero el elemento clave para las sanciones es demostrar que hay menosprecio o humillación a las víctimas. La Fundación Franco hace apología del franquismo pero, ¿eso humilla o menosprecia? ¿Hay delito de odio? Si lo hubiese, evidentemente, se puede intervenir en el marco de la Constitución en la que tenemos.

—La ley contempla la creación de un censo de víctimas del franquismo. ¿Cuántas personas quedan en España por ser exhumadas?

—Hemos encargado la elaboración de ese censo al Grupo Histagra, de la Universidade de Santiago. Generalmente se habla de que 114.000 personas fueron fusiladas y podían estar en fosas comunes. Pero eso ha cambiado muchísimo. Quizá fueran más, lo que ocurre es que eso ya no existe en las fosas comunes de España. El mapa de carreteras de este país cambió desde los años 40 hasta la actualidad, por lo que en cunetas es prácticamente inexistente, por ejemplo. Y desde la Transición se hicieron muchas exhumaciones sin rigor científico. Como primer director de memoria histórica (en el 2018), lo primero que hice fue encargar a un grupo de expertos que elaborara un estado de la cuestión de las fosas. Lo que dijeron es que podía haber susceptibles de exhumar unos 20.000 cuerpos. Desde entonces hasta ahora han salido más de 7.000 por parte del Estado, y si juntamos los de las autonomías, más de 8.000. Al ritmo que vamos, en tres o cuatro años no hay fosas comunes en España de exhumaciones.

«Tenemos más de 800.000 peticiones de nacionalidad. Se tardarán años»

—¿Cree necesario que Galicia cuente también con su propia ley de memoria democrática?

—Yo creo que sí. Es bueno que cada comunidad cuente con su propia ley porque cada una tiene sus propias singularidades.

—La ley estatal es conocida en Latinoamérica como ley de nietos, al otorgar la nacionalidad a los descendientes. Hay una avalancha de demandantes pero el período expira en 50 días, ¿no contemplan otra prórroga?

—Es imposible porque la ley dice que se puede prorrogar en una ocasión. Pero hemos hecho lo siguiente: a todos aquellos que ingresen su solicitud y esté en el registro antes del 22 de octubre de este año, se les va a ver el expediente. Hay medios informáticos, para que se inscriban y luego aporten los papeles, etcétera. En este momento tenemos, prácticamente, más de 800.000 peticiones. Se han fallado favorablemente más de 239.000 y solo se han denegado 4.000. Hay una demanda espectacular, sobre todo en Argentina. Tardaremos tiempo en resolverlo, claro. Incluso años.

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