La AP-9 lleva al Supremo a definir si las autopistas pueden cobrar cuando están en obras
GALICIA
La Fiscalía defiende que el pago de peajes obliga a las concesionarias a garantizar un nivel de calidad esperado en las carreteras de pago
18 sep 2025 . Actualizado a las 08:51 h.La AP-9 se convirtió este miércoles en doble frente de actualidad, al sumarse a la decisión del Ministerio de Transportes la revisión que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo llevó a cabo del recurso de casación que la Fiscalía planteó respecto a la absolución de Audasa de haber cometido prácticas abusivas al cobrar íntegro el importe de los peajes durante los casi tres años que duraron las obras de ampliación del puente de Rande, tiempo en el que se sucedieron las restricciones y atascos en la vía. Los magistrados tuvieron que analizar, como solicitaba el ministerio público, si el pago de un peaje activa automáticamente o no una suerte de contrato mediante el que la empresa concesionaria queda obligada a garantizar una circulación fluida, rápida y sin riesgos de ningún tipo. Aunque, según fuentes del alto tribunal, los miembros de la sala llegaron a un veredicto, este no se publicará en forma de sentencia oficial de inmediato.
La tesis de la Fiscalía es que debe de considerarse que tiene que haber «una reciprocidad» entre el pago del peaje y la garantía de que la autopista podrá ser utilizada con las prestaciones íntegras de una carretera de dicha clasificación. Eso fue lo que motivó que la Fiscalía Provincial de Pontevedra interpusiese en el 2019 una demanda colectiva contra la concesionaria de la autopista por lo que consideró que fue «una práctica abusiva en el cobro de los peajes entre febrero del 2015 y junio del 2018», mientras se desarrollaban las obras de Rande.
Dicha tesis fue tenida en cuenta en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil pontevedrés, pero el recurso planteado por Audasa con el respaldo de la Administración central fue atendido por la Audiencia Provincial, eximiendo a la concesionaria del pago de indemnizaciones a los automovilistas afectados por las obras.
La Fiscalía demandó el posicionamiento del Supremo para establecer una jurisprudencia que incumba a todas las autopistas en situaciones similares, y, en el caso de la AP-9 en concreto, para que abone una indemnización por el doble del importe de los peajes a los conductores y pasajeros afectados que estuviesen en retenciones de más de diez minutos.