La Xunta recurre ante la defensora del pueblo europeo la prohibición de acceso al expediente de la AP-9
GALICIA
Explica que la Comisión no le permite ver el documento por confidencialidad y que el Gobierno no responde a sus peticiones
29 sep 2025 . Actualizado a las 14:00 h.La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha remitido una carta a la defensora del pueblo europeo, Teresa Anjinho, para presentar una reclamación formal en relación con la denegación de acceso al expediente del procedimiento de infracción, incoado contra el Reino de España, por la ampliación de la concesión de la autopista AP-9. La titular del departamento de la Xunta expone que para Galicia es esencial conocer ese expediente, puesto que la autopista es una infraestructura estratégica para la comunidad.
«El pleno conocimiento de las actuaciones de la Comisión es esencial para garantizar la transparencia y asegurar la correcta supervisión de los procedimientos de concesión y sanción en el marco de la Unión Europea», dice en su carta la conselleira, que explica que, pese a que desde la Xunta se enviaron varias peticiones a la Comisión Europea, esta siempre se ha negado a permitir el acceso a esa información aludiendo a obligaciones de confidencialidad. También ha recurrido la Administración autonómica al Gobierno central con el objetivo de conocer los términos de ese documento que declara ilegal la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta el 2048. Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes, dice Martínez Allegue en su queja ante la Defensora del Pueblo Europeo, no han respondido a ninguna de sus reiteradas peticiones.
La Xunta entiende que esta situación representa «un grave déficit de transparencia», y que «dificulta el escrutinio público y regional de las acciones europeas, que tienen un impacto directo y significativo en Galicia». Por todas estas razones, la consellería solicita al organismo europeo que analice su reclamación y determine si la negativa de la Comisión Europea a facilitar la consulta del expediente constituye un caso de mala administración y si vulnera los principios de transparencia y buena práctica.
Hace diez días, después de que el Gobierno central decidiese dejar en manos de Bruselas la decisión sobre la AP-9 al no presentar recurso al procedimiento de infracción abierto en Europa, la Xunta volvía a reiterar su petición de información sobre este proceso. Además, advertía entonces que, si no conseguía acceder al expediente, recurriría a la vía judicial. Finalmente, la primera de las medidas que ha adoptado es este escrito que ha sido enviado a la Defensora del Pueblo Europeo.