El Gobierno endurece los criterios para crear universidades: profesores doctores, residencia propia y 4.500 alumnos
GALICIA
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que también aumenta las exigencias a los centros ya creados
07 oct 2025 . Actualizado a las 20:47 h.El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley con el que se endurecerán los requisitos necesarios para la creación y autorización de nuevas universidades. Entre las condiciones que tendrán que cumplir los promotores de los centros en los tres primeros años de funcionamiento están exigencias relacionadas con la investigación, la experiencia de los docentes o la creación de plazas residenciales para acoger a sus estudiantes. Estos cambios afectarán también a las universidades presenciales creadas desde el 2022, que dispondrán de un margen de cinco años para ajustarse a la normativa.
«En el centro de esta reforma está la protección del estudiantado ante el riesgo de que surjan universidades con una calidad insuficiente», defendió la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aludiendo a la expansión de la universidad privada, en la que ya estudian, según cifró, el 30 % de los estudiantes españoles, la ministra afirmó que la reforma busca garantizar que quienes ostentan títulos universitarios «han recibido la formación exigible y capacitante para desempeñar las funciones de sus profesiones».
Para cumplir ese objetivo, el real decreto endurece los requisitos que tendrán que reunir las universidades, tanto las ya constituidas como las que se promuevan a partir de ahora, desde su fase más embrionaria. Para salir adelante, el Gobierno exigirá que cuenten con el visto bueno de los técnicos que trabajan para la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias autonómicas de calidad. En el caso de Galicia, se trataría de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug).
Hasta ahora, el informe de esos profesionales era preceptivo —no determinaba si la universidad se podía acabar constituyendo o no— pero se convertirá en vinculante tras la aprobación de esta ley. En palabras de Morant, que el informe no fuese decisivo ha permitido que «algunas comunidades autónomas hayan creado por ley proyectos de nuevas universidades aún contando con un informe de calidad negativo».
Para ejemplificar esta cuestión, la ministra ha explicado que el Ministerio ha emitido informes desfavorables para 13 universidades desde el 2018. Pero sin embargo, cuatro han sido autorizadas ya por las autonomías y cinco están en tramitación, una de ellas en Galicia. Se trataría de la Universidad Emilia Pardo Bazán, promovida por CESUGA en A Coruña.
Ateniéndose a la nueva normativa, las universidades deberán invertir el 5 % de su presupuesto a investigación y captar recursos externos equivalentes al 2 % con el objetivo de que sus grupos de investigación capten financiación de concurrencia competitiva. También se exigirá que al menos el 50 % del profesorado contratado posea el título de doctor y que el 60 % acredite experiencia, como mínimo de un sexenio, en investigación.
La reforma, que revisa el decreto aprobado en el año 2021 con el entonces ministro de Universidades, Manuel Castells, y aprobada ahora por la vía de urgencia, también endurece los requisitos que debe reunir una universidad en los primeros años de funcionamiento. Para garantizar su supervivencia, deberán contar con un mínimo de 4.500 estudiantes en los seis primeros años de andadura y tendrán que ofrecer a su alumnado un mínimo de 10 grados, 6 másters y 3 doctorados de al menos tres ramas distintas del conocimiento (Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Artes y Humanidades, por poner un ejemplo).
«Toda universidad ofrece un servicio de interés general y tiene que estar sujeta a ese interés y no a la especulación económica», añadió la ministra al explicar que las nuevas universidades tendrán que demostrar solvencia económica presentando un aval. La norma, que tendrá que negociarse con los socios del Gobierno y que tendrá que aprobarse en el Congreso, pretende además que los centros de nueva creación construyan «plazas de alojamiento equivalentes al 10 % de su alumnado». Es decir, tendrían que habilitar un mínimo de 450 plazas residenciales para dar cabida a la décima parte de los estudiantes que la ley les exige acoger para iniciar su andadura.
Universidades online
Ante la expansión de las universidades que solo ofrecen titulaciones a distancia, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha avanzado que la nueva ley pasará a considerar como estatales a todas las universidades online. Porque pese a ser promovidas desde una autonomía concreta, estos centros absorben estudiantes del conjunto del Estado.
Los nuevos proyectos de universidad a distancia también deberán contar con un informe positivo de las agencias de evaluación y tendrán que ser aprobados en las Cortes Generales. En estos casos, la normativa será más flexible, pues se exime de estos requisitos a las universidades a distancia ya creadas, a aquellas que reciben al menos un 20 % de fondos públicos y a las que imparten el 50 % de la docencia en una lengua cooficial.