El Congreso levanta, tras casi 500 días, el veto a debatir la transferencia de la AP-9 a Galicia
GALICIA
Mañana se conocerá si algún partido enmienda la propuesta planteada cuatro veces ya desde el Parlamento de Galicia, pero PP y BNG adelantan que respaldarán el texto como lo acordó la Cámara autonómica
21 oct 2025 . Actualizado a las 14:58 h.Han tenido que transcurrir 497 días para que el Congreso de los Diputados ejecute la urgencia con la que el 11 de junio del año pasado acordó tramitar la proposición de ley remitida por unanimidad por el Parlamento de Galicia para reclamar la transferencia de la autopista AP-9 a la Xunta. Solo los diputados de Vox se opusieron entonces a debatir el traspaso de la titularidad de la infraestructura a la Administración gallega, como antes ya habían hecho anteriores Gobiernos con viales similares en favor de la Generalitat y el Ejecutivo vasco. Pero pese a dicho respaldo mayoritario obtenido inicialmente en la Cámara Baja, el debate sobre la transferencia ha sido bloqueado mediante la superposición de prórrogas para la presentación de enmiendas hasta ahora.
La mayoría que tienen en la Mesa del Congreso los diputados del PSOE y Sumar ha ido encadenando hasta 45 prórrogas para la presentación de alegaciones tanto a la propuesta en su totalidad, como a su articulado. Hace 15 días el órgano de gobierno de dicha cámara cerró el turno para las enmiendas a la totalidad y hoy acordó no añadir más prórrogas al articulado.
Mañana, cuando venza el último plazo otorgado, se conocerá si las formaciones presentes en el Congreso optan por asumir el texto de la proposición no de ley aprobada en el Parlamento gallego como base para la discusión, o si aportan propuestas sobre los extremos que definirán cómo tendría que llevarse a cabo la transferencia de la AP-9. De momento, el PP adelanta a través de su diputado Celso Delgado que no activarán enmienda alguna en favor de que se agilice el fondo del debate sobre el traspaso del vial para que se pueda votar y culminar positivamente antes de que concluya la legislatura y evitar así que decaiga, como ocurrió en el período legislativo anterior y también en el 2016 y el 2018.
«Dende o PPdeG celebramos que por fin tivese lugar este peche de plazo e temos que acreditar unha vez máis que esto sucedeu pola enorme presión exercida desde o primeiro día por parte do PP de Galicia presionou ata a saciedade para que se puxese remate ao que foi un monumental aldraxe, prorrogar durante 45 veces o prazo de presentación de enmiendas. Foi un boicot orquestado polo Goberno de Pedro Sánchez, orquestado polo ministro Óscar Puente e coa asistencia inestimable do grupo parlamentaroio socialista e o de Sumar», valoró el popular Celso Delgado al conocer la decisión tomada hoy por la Mesa del Congreso.
El BNG también se adjudicó el logro de haber conseguido el levantamiento del veto impuesto por la Mesa del Congreso. «Este avance é resultado directo do traballo e da negociación constante da organización nacionalista, que vén reclamando desde hai anos que a xestión e titularidade da AP-9 se exerza desde a Galiza. O desbloqueo desta lei é unha boa noticia para o país, froito da insistencia e do compromiso do BNG coa defensa dos intereses galegos», señaló el diputado Néstor Rego, quien señaló que el cambio operado en el Congreso es resultado de las negociaciones seguidas por el Bloque con el Gobierno para la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. El diputado nacionalista avanzó que su formación tampoco enmendará el texto emanado del Parlamento gallego, a la vez que pidió al resto de grupos que se abstengan de presentar enmiendas para evitar más retrasos en la tramitación de la transferencia.
Ahora, una vez que se presenten como muy tarde mañana las posibles enmiendas a la proposición de transferencia defendida por el Parlamento gallego, esta podrá ser tratada en la Comisión de Transportes de la Cámara Baja, donde tendrá que constituirse una ponencia formada por varios diputados, quienes elaborarán un texto que será votado en primer término en la propia comisión, después en el pleno del Congreso y posteriormente en el Senado. Si se aprobase la transferencia, que cuenta con el rechazo del Gobierno actual, como también lo tuvo por parte del presidido por Mariano Rajoy, debería reunirse la comisión mixta de transferencias entre el Ejecutivo y la Xunta, para acordar los términos del traspaso, o lo que es lo mismo, cómo se llevan a cabo los compromisos contraídos hasta ahora por la Administración central con la autopista (como las bonificaciones de peajes existentes u obras previstas). Dicha negociación difícilmente llevaría menos de medio año de conversaciones.
Fue en la legislatura precedente cuando la petición de transferencia alcanzó un mayor desarrollo en el Congreso, pero se topó primero con el rechazo del Gobierno, y la derogación de toda la tramitación al ser convocada las elecciones generales. El grupo socialista basó entonces su oposición en que al ser las arcas centrales las que asumen el pago de las bonificaciones de los peajes de la AP-9, la gestión de la autopista siguiese en sus manos. «Se considera más adecuado, para garantizar que el esquema de bonificaciones va a poder salir adelante y aprobarse, plantear una transferencia de determinada competencias sobre la Administración y explotación de la infraestructura, manteniéndose en principio, la titularidad por parte de la Administración General del Estado», dejaba registrado el PSOE como motivo principal para su rechazo.