El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, defiende los presupuestos en el Parlamento y recuerda que tres de cada cuatro euros van para gasto social
17 nov 2025 . Actualizado a las 22:06 h.El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha anunciado este lunes en el Parlamento que antes de finales de este año se aprobará la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración general para 2025 con más de 700 nuevas plazas de empleo público de acceso libre y 300 de promoción interna. Así lo ha expuesto en el debate de totalidad de los presupuestos para el 2026, donde explicó que el refuerzo de los servicios públicos y el relevo generacional están entre las prioridades del Gobierno gallego, para contar con empleados públicos motivados, bien formados y con mejores condiciones de trabajo, que den respuesta a los retos de la Administración del siglo XXI y a las necesidades de la ciudadanía. Miguel Corgos puso en valor que el modelo presupuestario de Galicia potencia el crecimiento de la comunidad, favorece el bienestar de la ciudadanía y «senta as bases da Galicia Calidade do futuro». También quiso subrayar que para el próximo ejercicio casi la totalidad del presupuesto, el 99 %, estará sustentado en financiación común, teniendo en cuenta la caída de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que tienen que estar ejecutados antes de 31 de agosto.
En el debate de totalidad, Corgos ha recordado que las cuentas autonómicas alcanzan los 14.240 millones y que la principal prioridad del Gobierno gallego es el gasto social. Tres de cada cuatro euros se dedican la sanidad, educación y política social, así como para llevar a cabo políticas de empleo para impulsar el crecimiento futuro de Galicia, ha insistido el conselleiro.
El Presupuesto del 2026 dedica 10.588 millones de euros a gasto social, 321 millones de euros más que lo de este año, con un incremento del 3,1 %. Así, el presupuesto destinado a la Sanidad pública creció en 1.655 millones de euros desde el año 2019, hasta los 5.640 millones, lo que supone un crecimiento del 41,5 % y la consolidación de los recursos extraordinarios acercados durante la pandemia.
La transformación del sector público
Se calcula que unos setenta mil empleados públicos, algo menos de la mitad de los cerca de 177.000 que hay en la comunidad gallega —pertenecientes a las Administraciones central, autonómica y local— se jubilarán a lo largo del próximo decenio.
Los expertos coinciden en que la gestión de los recursos humanos a nivel público presenta importantes retos ante el gran cambio que se avecina en el futuro, con la nueva organización del trabajo, una transformación que va a venir de la mano de la robótica y de la inteligencia artificial. La transformación digital de los procedimientos penetrará en todos los ámbitos de la gestión pública, por lo que será necesario contar con efectivos personales formados, actualizados y dimensionados a esas necesidades.
La Xunta recuerda que hay que tener en cuenta que —tanto en la Administración general como en el ámbito de la enseñanza y la sanidad— solo con la edad no se puede dar con el número exacto de personas que se jubilarán en los próximos diez o quince años, aunque sí se pueden hacer estimaciones aproximadas. Eso es porque ya existe la posibilidad de anticipar la jubilación o de prorrogar el servicio activo. La edad obligatoria de jubilación en el 2025 es de 65 años si el período de cotización es igual o superior a 38 años y 3 meses. En caso de que sea inferior, la edad de jubilación es de 66 años y 8 meses. Esta edad de jubilación se irá incrementando de manera progresiva en los próximos años hasta situarse en los 67 años en el 2027 para aquellas personas con período de cotización inferior a los 38 años y 6 meses, y 65 años si están por encima.
Sin embargo, no todas las personas que alcanzan la edad obligatoria de jubilación optan por hacerlo, ya que antes de alcanzar esa edad pueden solicitar una prórroga en el servicio activo. Según la normativa actual, se pueden conceder prórrogas anuales hasta alcanzar los 70 años, edad máxima de jubilación forzosa. Además, el Gobierno de España está tramitando una modificación de la normativa básica para ampliar esa edad máxima de jubilación forzosa a los 72 años.