2,3 millones la han solicitado acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática
19 nov 2025 . Actualizado a las 11:43 h.Medio millón de descendientes de emigrados al extranjero han obtenido ya la respuesta que esperaban de las autoridades españolas y podrán obtener la nacionalidad que tenían sus abuelos o bisabuelos antes de verse forzados a abandonar el país por la represión del régimen franquista o por otros motivos políticos, laborales, económicos o sociales.
De ellos, 237.000 ya constan como inscritos y el resto se encuentran inmersos en los trámites, ya definitivos, que les permitirán acceder a la documentación que los acredita como ciudadanos de pleno derecho. Conseguirán esa condición tras acogerse a uno de los epígrafes de la Ley de Memoria Democrática, que abrió en el 2022 una ventana para que los descendientes de españoles en el extranjero pudiesen acceder a ese derecho acreditando su vinculación con emigrados o exiliados por diferentes causas.
Los datos los aportó este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que anunció que los departamentos consulares de España en el extranjero recibieron hasta el 22 de octubre —el día que finalizó el plazo abierto por el Gobierno— la friolera de 2,3 millones de solicitudes. Aunque en un principio las dudas sobre el proceso frenaron a muchos interesados, la demanda de solicitudes fue in crescendo y acabó poniendo en aprietos en los últimos meses a las oficinas consulares de varios países de Hispanoamérica, donde cientos de personas hacían cola cada día para informarse o hacer valer su derecho.
La mayor sobresaturación se produjo en Argentina, donde es previsible que más personas acaben obteniendo la nacionalidad y donde el Centro de Descendientes Españoles Unidos (CeDEU) cifra en un millón el número de solicitudes procesadas. Pero las cifras de peticiones también han sido elevadas en otras urbes del continente como Caracas, Montevideo, Lima o Monterrey, con un «buen ratio de solicitudes aprobadas», como apunta Juan Manuel de Hoz, portavoz de CeDEU, una plataforma que resultó clave en el impulso de la ley que reconoció el derecho de estos descendientes a lograr la ciudadanía.
Avalancha de peticiones
Antes de llegar a los consulados, muchos interesados llamaron a la puerta de los registros civiles y eclesiásticos gallegos, adonde llegó una avalancha de peticiones para obtener documentos con los que probar la descendencia española. «No podemos asumirlas todas, nos entran unas 500 al mes», aseguraban el mes pasado los técnicos de la Archidiócesis de Santiago.
Para muchos interesados, el proceso se acabó demorando meses. De hecho, la mayor parte de los solicitantes, un 62 % de los 2,3 millones, acabaron entregando la documentación requerida en los últimos meses antes de agotar el plazo. A modo de comparación, en julio, solo lo habían hecho 700.000. El ministro Víctor Ángel Torres anunció también ayer la concesión de la nacionalidad a 171 familiares de brigadistas que formaron parte del bando republicano durante la Guerra Civil.
Los emigrantes lo califican como un «éxito» y piden una ley definitiva
«Los datos demuestran el éxito de la Ley de Memoria Democrática por su generosidad y su alcance», aseguraba ayer desde Buenos Aires Juan Manuel de Hoz, portavoz de CeDEU. De Hoz ha seguido muy de cerca todo el proceso desde que se inició en octubre del 2022 y destaca que la comunidad española en el exterior está «muy agradecida» por la oportunidad abierta por el Gobierno, que solo está rechazando un 3 % de las solicitudes, según los datos que maneja la entidad.
Sobre los tiempos de espera para las resoluciones, que pueden alcanzar los cinco años, De Hoz recuerda que «si hay voluntad, que la hay, habrá fórmulas para evitar demoras excesivas» y pide no caer «en predicciones alarmistas» al respecto porque solo ha pasado un mes desde el cierre del plazo para solicitar la nacionalidad.
Además, recuerda que todos aquellos interesados que no han sido atendidos pero que obtuvieron un usuario consular antes del 22 de octubre «tienen garantizado su trámite». Ya de cara al futuro, De Hoz pide «bregar por una ley definitiva» que permita acceder a la nacionalidad en cualquier momento si se cumplen los requisitos, pero agradece «la voluntad del Gobierno para subsanar una herida que era urgente de atender».